En la mañana del lunes, empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia encontraron una nota mafiosa en la delegación rosarina de la institución, en Avenida 27 de Febrero y Alvear. Si bien no se dio a conocer el texto completo que habían dejado, desde la cartera de Seguridad santafesina se informó que la misma contenía un nuevo amedrentamiento al gobernador Pullaro y que además se amenazaba a los municipales que por estas horas trabajan en el derribo de búnkeres.
En este marco, durante una conferencia de prensa que brindó hoy el intendente Pablo Javkin para hablar sobre el impacto de la tormenta, los medios le consultaron por esa amenaza hacia el personal municipal: “No voy a entrar en el juego. Las intervenciones que tienen que ver con derribo de búnkeres las hacemos siempre con funcionarios de la justicia. Y lo otro es parte de un juego de terror que se busca generar. No me busquen a mí para contribuir a eso”, dijo el titular del Palacio de los Leones.
Javkin amplió: “Hay una decisión muy fuerte del gobierno provincial de avanzar y hay que mostrar firmeza absoluta. Pero a todas las acciones que se hagan, las vamos a hacer con personal policial, no vamos a exponer a los trabajadores municipales”. Consultado sobre cuál es el destino que se le dará a los espacios donde funcionaron búnkeres de las bandas y se han dado demoliciones, el intendente sostuvo: “Lo que vayamos a hacer con los lugares que se derribaron es un tema para charlar en la mesa de trabajo que tenemos con la provincia. Pero estamos teniendo una acción fuerte en las calles, coordinada con fuerzas federales y con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni”.
Desde la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico, en los últimos días de diciembre, la justicia provincial tiene potestad para solicitar el derribo de propiedades que estén vinculadas a la venta de drogas al menudeo, si es que en esos lugares un fiscal puede demostrar ante un juez que existen situaciones de violencia generadas a partir de la existencia de ese espacio físico. En pocas horas, se avanzó con la demolición de casas usurpadas que estaban vinculadas al clan Funes, a Francisco Riquelme -imputado recientemente por amenazas al gobernador y perteneciente a la banda de Alvarado- y al narco “Chuky” Monedita.
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