El 17 de abril del 2023 se vence el mandato de Jorge Baclini al frente de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este año deben realizarse los concursos para llegar con los tiempos en la transición de los cargos. Las disputas de poder, en medio de un clima enrarecido en la justicia, van a dejar muchos rounds en una batalla que promete ser para alquilar balcones.
Para reemplazarlo, comenzaron a sonar dos nombres y, tal vez, son los candidatos naturales por representación de espacios de poder dentro del MPA. Carlos Arietti, hoy fiscal regional de Santa Fe, y María Eugenia Iribarren, al frente interinamente de la fiscalía regional de Rosario. Hay diferencias de objetivos y de pertenencia entre ambos, aunque los dos cuentan con un respaldo para poder disputar la silla que deja Baclini.
Arietti es santafesino, con mucho vínculo con funcionarios judiciales de vasta trayectoria, sobre todo la de la capital provincial. Ha tenido un papel preponderante en algunas causas que resonaron en el mundo político provincial, aunque siempre tuvo un alfil para trabajarlas en la operatividad: el fiscal de Delitos Complejos Ezequiel Hernández.
Desde esa fiscalía, Hernández investigó dos causas contra Maximiliano Pullaro, escuchas sobre los concursos de policías, finalmente desestimada, y otra denuncia por la utilización de fondos reservados para el pago de abogados a los policías involucrados en el caso de Franco Casco – solo imputaron a David Reniero, ex funcionario del Ministerio-, los “Corral Papers”, que hasta tuvo un allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe, aunque terminó en la nada. Todas las causas se fueron desvaneciendo y quedaron en el olvido.
El fiscal regional Arietti forma parte de la vieja guardia de la justicia santafesina, y tiene el aval de varios sectores para llegar a la Fiscalía General. Sin embargo, no tendrá el camino allanado.
Por los pasillos del Centro de Justicia Penal de Rosario, suena el nombre de María Eugenia Iribarren como la candidata natural de un grupo de fiscales de la ciudad, hoy interina en el cargo de Fiscal Regional de Rosario. Modificó el esquema de trabajo tras la salida de Patricio Serjal y todo el escándalo del juego clandestino, e intentó promover causas que quieren llegar al fondo de la corrupción del poder real provincial.
La disputa, entonces, puede ser entre el establishment santafesino contra un grupo de jóvenes fiscales que pretenden ganar terreno en el todavía endeble Ministerio Público de la Acusación, y así lograr, de una vez por todas, la autonomía del organismo y la independencia económica.
Un tema no menor, dentro de los argumentos y por los tiempos que corren, es que todos los fiscales regionales y generales de la provincia fueron siempre hombres. Nunca una mujer ocupó un cargo concursado, salvo la excepción de Iribarren al frente de la Fiscalía de Rosario pero de manera interina por la salida de Serjal. Inclusive, los 24 fiscales generales del país son hombres, y es la estructura arcaica y patriarcal de la Justicia la que no permite que las mujeres avancen a puestos de decisión y poder.
Entre abril y mayo de este año debe abrirse el proceso del concurso, y habrá definiciones sobre quiénes querrán ocupar el cargo de Baclini, de quien se rumorea que tendría todo decidido para pasar a la política y hasta se menciona la posibilidad de que sea candidato a diputado el año que viene.
Causa Oldani y el vuelto del espionaje
Marcelo Saín tuvo un fuerte cruce en el inicio de su gestión por la Causa Oldani con Carlos Arietti y la fiscal a cargo del caso, Cristina Ferraro. Una causa que se presentó como un “intento de robo a una casa de turismo” y posterior asesinato de Oldani, pero que terminó siendo una cueva financiera en el centro santafesino que tenía complicaciones con algunas transacciones ilegales. Tanto Arietti como Ferraro permitieron el acceso a la escena del crimen a la familia del financista, quienes se llevaron grandes sumas de dinero. Saín no sólo expuso a la funcionaria, a quien le abrieron una causa por su actuación, y al fiscal regional por dirigir las operaciones y su responsabilidad política, sino que además presentó una denuncia en la Justicia Federal para que se investigue el delito de lavado de activos, que terminó en manos del fiscal Walter Rodríguez.
Rodríguez estima que la familia de Oldani se llevó entre 3 y 4 millones de dólares de la escena del crimen, e investiga si la fiscal Ferraro estuvo allí con ellos en el momento que sucedió el retiro de los billetes, ya que a esa hora impactan los celulares de los familiares y de la misma funcionaria judicial en la misma antena. Toda esa información fue pedida por Rodríguez a Arietti, quien estuvo meses sin contestar, con la denuncia encajonada, lo cual generó malestar en varios sectores. Esa causa sigue abierta.
Desde el sector de Saín entienden que la causa por espionaje ilegal y compra de armas es un montaje como “vuelto” de la causa Oldani. De hecho, el fiscal Hernández, alfil de Arietti, ha sido el encargado de elevar un oficio a los 300 fiscales de la provincia para que indiquen a quiénes estaban investigando, y así poder cruzar con los 661 nombres que aparecen en los sistemas del Ministerio de Seguridad tras los allanamientos en las sedes de Rosario y Santa Fe.
Edery y Schiappa Pietra se negaron a entregar esos nombres por el momento, aunque ante la amenaza de castigos por parte de la Comisión de Acuerdos se ven acorralados y van a tener que hacerlo. El argumento de los fiscales es que sería ventilar las investigaciones, y si se filtran esos nombres puede haber consecuencias políticas. Hay muchos apellidos de fuste, que fueron investigados pero que luego se desestimaron, y además permitiría develar la metodología de investigación, lo cual sería de suma gravedad para futuras causas.
Los nombres fueron “perfilados” en una app abierta, según el propio Saín, denominada Sudamérica Data, que cualquier ciudadano puede contratar y tener disponible en su dispositivo. Fue utilizada, según el Ministerio, por pedido exclusivo de las causas judiciales que lo fueron solicitando. Inclusive, los fiscales Hernández y Jiménez pidieron que se les extienda el plazo procesal para las imputaciones, lo cual generó especulaciones con que aún no tienen argumentos sólidos para poder realizarlas después de 3 meses.
Lo curioso del caso es que desde el día del allanamiento “se filtraron” a la prensa datos del supuesto espionaje ilegal, pero las partes acusadas y sus abogados nunca pudieron acceder a la información. Hernández y Jiménez se amparan en el Código Procesal Penal para no abrir la causa, pero hay dos resoluciones judiciales que solicitan el “cese de la reserva”. Con artilugios legales, pidiendo una aclaratoria del juez porque no entendieron el alcance del levantamiento de la reserva, dilataron nuevamente el acceso a las supuestas pruebas. La imputativa no está en el horizonte y todo se torna cada día más oscuro.
El fondo de la disputa es la causa de Juego Clandestino, donde están involucradas grandes estructuras políticas y hay un sumo interés de ellos por saber qué es lo que tienen entre las pruebas. En esa causa Ponce Asahad ha sido condenado por corrupción en un proceso abreviado, Serjal aguarda su suerte en el proceso, y también Leonardo Peiti –ya liberado- recibió también una pena por ser el líder del juego ilegal, y esperan que la Corte se expida sobre los fueros para saber si pueden avanzar sobre Armando Traferri, el otro acusado por los fiscales, aunque el senador por San Lorenzo se ampara un aliado clave en el tribunal supremo: el Presidente Rafael Gutiérrez.
Según declaró Ponce Asahad en su juicio donde se lo aceptó como imputado colaborador, Arietti, Serjal, Traferri, Gutiérrez y él mismo se reunieron cuando fue la causa de los autos Toyota de Serjal, en donde se habló de “proteger” al ex fiscal regional de Rosario.
En ese cónclave, fue el mismo Gutiérrez el que le dio en manos al senador el proyecto de incompatibilidades de cargos públicos que fue conocido, y aprobado en la Legislatura, como la Ley “Anti Saín”. Ese esquema de poder comandado por el hoy titular de la Corte Suprema es quien respalda y encamina a Arietti a la Fiscalía General.
De hecho, el año pasado fue el mismo Arietti el que pidió la destitución de Saín del Organismo de Investigaciones (OI) una vez que dejó de ser Ministro, por distintos argumentos, y mostró públicamente su enemistad. También, dijo que no iba a trabajar más con el Organismo de Investigaciones hasta tanto se lo despida del cargo -algo a lo que después también se sumó Diego Vigo, fiscal regional de Rafaela- y presentó una denuncia en la Auditoría General del MPA. No tuvo corrida, ya que la auditora Cecilia Vranisich no hizo lugar, pero Baclini buscó intervención de un tercero –Rubén Martínez, fiscal regional de Reconquista- quien remitió a la Legislatura la denuncia con la recomendación de “suspenderlo”.
Saín, tras ser destituido finalmente por la Legislatura de su cargo concursado como director del Organismo de Investigaciones, presentó un amparo en el fuero laboral para ser reincorporado. La Cámara resolvió esta semana que no hace lugar al amparo por cuestiones técnicas en la presentación del recurso, pero no se expidió en la cuestión de fondo. Todavía no saben si apelarán la decisión los abogados del ex ministro.
Esta disputa de poder interno en el MPA no está exenta de participación política. Todo está relacionado al cambio del sistema procesal penal y las consecuencias del armado de las fiscalías. Los funcionarios judiciales no salen de un repollo y “colocar” jueces y fiscales es una construcción política paralela a la institucional. Pasaba con el viejo sistema, pasa ahora.
MPA: nacimiento y dependencia
Para conocer de este organismo, hay que remontarse al cambio del sistema procesal penal en la Provincia. Hubo fuertes disputas desde el establishment de la provincia para que el sistema acusatorio no se instale, y así continuar con el esquema de poder reinante hasta ese momento. Jueces y fiscales dependían de la verticalidad de la Corte, y se centraban las charlas de poder con un solo organismo. Lo que tuvo un sector naturalmente tuvo una transferencia hacia otro, y derivó en la construcción de un nuevo esquema de trabajo que el socialismo y el radicalismo, por entonces gobierno y con mayoría en diputados, supieron construir.
Sin embargo, más allá de los nombramientos y las negociaciones en la Legislatura provincial, existe un eje del cual no pudo, o no supo, escaparse el nuevo Ministerio Público de la Acusación: la dependencia sobre la política. En términos de presupuesto, nunca obtuvieron los dividendos que corresponderían a la persecución penal en una provincia con una violencia exacerbada, y en términos políticos fueron perdiendo terreno hasta llegar a depender de una comisión que decide qué fiscal se portó bien y cuál se portó mal. La sanción disciplinaria para encuadrar a fiscales “rebeldes” quedó en manos de la Legislatura en una ley que fue aprobada por unanimidad, y pone en jaque a cualquier investigación que roce el interés de los diputados y senadores.
En definitiva, se creó un nuevo sistema sin garantizar los recursos para su autonomía presupuestaria, ni la independencia política para no tener que salir a pedir favores al político de turno con poder. En definitiva, lo que pareció una derrota para el sector del poder real, en realidad fue una victoria pírrica para muchos que creían que el MPA venía a cambiar de fondo a la justicia santafesina. Dado el corset que genera la Constitución, nunca pudo independizarse ni administrativa ni políticamente del Poder Judicial ni de la Corte Suprema.
Por ejemplo, este año el presupuesto para la Legislatura, más allá de que aún no fue aprobado, es de alrededor de 9000 millones de pesos, mientras que para el MPA será cercano a 370. El trabajo de investigación y persecución contra el delito y las organizaciones criminales, contarán con un 4,11% de lo que manejarán los legisladores santafesinos durante el 2022.
Como ha faltado financiamiento, Baclini durante estos años ha recurrido a tocar puertas de la Casa Gris para pedir recursos, solicitando el aval del Ministerio de Seguridad y otras áreas más políticas.
De todas maneras, lo ideal sería que el MPA cuente con un presupuesto propio y acorde a las necesidades, negociables dentro del Presupuesto anual, pero que en definitiva no sea una disputa política cotidiana que genere dependencia del poder político de turno.
Comentarios