La doctora María Eugenia Iribarren presentó en la tarde del lunes el informe de gestión 2018/2021 de la Fiscalía Regional Segunda. La fiscal mostró la evolución de causas que llegan diariamente al organismo y se mostró conforme de haber reconstruido la confianza en el MPA tras el escándalo que significó la salida de Patricio Serjal, al verse envuelto en la trama contra el juego ilegal. Señaló que fue un hecho positivo que fuera la propia institución la que haya hecho esa investigación.
Iribarren dijo también que la sentencia en el juicio contra Esteban Alvarado “fue un hito” y cuestionó el régimen discplinario que permite que 19 senadores castiguen el accionar de los fiscales. “Transformar la realidad violenta en la que estamos no implica sólo una política que podemos hacer desde la conducción de la Fiscalía Regional, todos tenemos que hacer algo. Mientras a nivel internacional se generan movilizaciones por fiscales asesinados, en la provincia de Santa Fe los fiscales siguen sometidos a la amenaza que representa el régimen disciplinario vigente desde 2018”, indicó con tono severo, en el cierre de su presentación.
En primera fila, la escuchaban entre otros el juez de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, el fiscal general Jorge Baclini y varios legisladores nacionales y provinciales: Roberto Mirabella, Marcelo Lewandowski, Juan Cruz Cándido, Leonela Cattalini y Carlos del Frade, entre otros. Por parte de la Municipalidad, estuvieron Gustavo Zignago y Carolina Labayru. También estaba la jefa de policía provincial, Emilise Chimenti, junto a autoridaes policiales y del Ministerio de Seguridad, como Andrés Rolandelli, Doris Abdala y Marcelo Zoratti. En un fragmento de su dicurso, la fiscal Iribarren destacó el trabajo del MPA junto a la Agencia de Investigación Criminal.
El evento se hizo en la Facultad de Derecho de la UCA, en el salón de actos del subsuelo. Entre las placas que exhibió Iribarren, una de ellas apuntó a que se logró en este tiempo hacer más eficiente la atención del Centro de Consulta sobre Delitos Flagrantes (CECOF). “Ha llegado a haber 140 consultas por flagrancia para un solo fiscal en un turno de 24 horas”, planteó Iribarren, que en buena parte de su alocución hizo hincapié en la necesidad de dotar de más recursos técnológicos, personal y fondos para el trabajo de la Fiscalía Regional Segunda.
Entre 2014 y 2021, por caso, se cuadruplicaron las audiencias organizadas por el organismo: pasaron de algo más de 7 mil a cerca de 28 mil anuales.
La fiscal refirió la preocupación del organismo por el nivel de violencia y de homicidios en Rosario. Y explicó que 6 de cada 10 crímenes en la ciudad están vinculados a bandas. En ese sentido, destacó la creación de las Unidad de Balaceras, por la cantidad de hechos con arma de fuego que quedaban sin esclarecer con la estructura anterior. “Se priorizó el trabajo de investigación contra bandas criminales y se verificó que el delito que termina en balacera suele iniciarse como extorsión o usurpación”, dice.
Luego, en tono similar, defendió la creación de la Agencia de Criminalidad Compleja, que incluye a la Unidad de Criminalidad Organizada y a la Unidad de Delitos Económicos. Allí se complementan los trabajos de Matías Edery -presente en el acto-, Luis Schiappa Pietra y David Carizza, por un lado, con el de Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, sentados ambos en el auditorio. Ambos venían de solicitar la detención del presidente de Vicentín pocas horas antes.
Iribarren dedicó también un párrafo especial al tema violencia de género. E informó que entre 2019 y 2021 ingresaron a la Fiscalía Regional 2 un total de 4822 denuncias de violencia de género. De ese número, 99 casos llegaron a juicios con condena, en 389 se acordaron abreviados y hubo 2233 desestimados.
Otro dato que se valoró fue la creación de las delegaciones en Funes y en Roldán. Y el haber fortalecido la Unidad de San Lorenzo, “que es una zona de mucha conflictividad”, mencionó Iribarren.
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