Los uniformados pertenecían a la Comisaría 15 y al grupo de irrupción.El fiscal José Luis Caterina imputó a siete policías por un hecho francamente insólito. Los oficiales tenían que buscar en una casa de la zona sur a tres hermanos menores de edad, para asegurar que estén cuidados ante la posibilidad de que pudieran estar en riesgo con sus padres, que habían tenido tres días antes un episodio de salud mental. Y al ingresar, los agentes se robaron dinero en dólares de la familia que les había abierto la puerta. Unos días más tarde, cuando las víctimas denunciaron el faltante de dinero se inició una investigación judicial que terminó con los uniformados detenidos y acusados por “abuso de autoridad, hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica”. Esto último porque además en el acta que hicieron luego de allanar habían informado mal los datos de los testigos y no consignaron lo que realmente había sucedido en la escena.
La historia se inició el pasado 11 de abril, cuando la policía de Funes informó a la Fiscalía que una pareja con sus tres hijos menores de edad se había querido guarecer en un tradicional bar con panadería de esa localidad, con la explicación que daba la mujer de que había personas que los venían persiguiendo y que supuestamente estaba en riesgo la vida de ellos. El MPA y el Comando los convencen de dejar a sus hijos con un familiar y que radiquen la denuncia en la Comisaría local. Ahí es cuando notan que podría haber una situación de salud mental en los adultos, más que un riesgo real de vida como ellos manifestaban. Por eso se busca que sean vistos por un profesional en la materia, “siendo muy difícil tratar con la madre de los chicos”, establecería el parte policial.
Un día más tarde, desde la Fiscalía se habla con una hermana de la mujer para saber cómo seguían sus familiares. La respuesta es que habían abandonado su hogar y que había elementos para pensar que “la familia puede estar atravesando una situación de riesgo, no por personas ajenas pero sí por el aparente delirio”, según relataría después en la audiencia el fiscal Caterina. Ante este panorama, se activa un pedido de paradero por cada integrante de la familia.
El 13 de abril por la tarde, la hermana de la mujer localiza el auto de la familia, con señales de haber tenido un choque en un costado y con una billetera desparramada dentro del habitáculo, en el frente de una casa en la zona sur de Rosario, en Italia al 4500. “Ella sabía que esa era la casa paterna de su cuñado”, explicó Caterina. Durante varias horas, había intentado que alguien saliera del domicilio, pero había sido todo silencio. Entonces, se llama al 911 y se decide la intervención de la Comisaría 15 por razones de jurisdicción.
Una pareja de policías se acerca a la casa y un vecino les dice -siempre según el parte de la fuerza- que tuvieran cuidado porque el vecino que vivía ahí había dicho que tenía armas y que alguna vez había disparado. Se refería al abuelo de los chicos. Así, para propiciar el ingreso y buscar a los chicos, desde la Comisaría 15 contactan al Grupo Táctico Multipropósito, que debía hacer la irrupción. La Fiscalía extiende un oficio donde se explica la situación y también la posibilidad de armas al interior de la casa. Se aclara que se funda la medida en el peligro que podrían estar corriendo los menores.
A las doce y diez de la noche, después de todos los trámites de rigor, finalmente se hace la irrupción. Se resguarda el lugar y se encuentra a los menores en buen estado de salud. Se informa que en el lugar hay un matrimonio mayor y otro matrimonio más joven. Eran los padres y los abuelos de los chicos. Poco después se anoticia el hallazgo de dos revólveres y algunas balas. Se dispone que intervenga Niñez, para que los niños pasen temporalmente al cuidado de una tía. A los padres, los examina la guardia del Agudo Ávila, que advierte en ellos un discurso con ideas paranoides, pero no considera que tengan criterio de internación. “Se sugiere que ambos deberían iniciarían tratamiento, ambulatorio”, detalló el fiscal Caterina a la hora de imputar a los acusados.
Todo parecía resuelto. Y al otro día, la tía de los chicos se comunica con Fiscalía preguntando por la plata que se habían llevado. Así surge la información de que los uniformados se habían llevado de forma ilícita casi 80 mil dólares. Es que en medio del operativo -y sin razón aparente, porque sólo debían resguardar a los niños- los policías preguntaron si tenían ahorros. Los abuelos respondieron que sí, por el cierre durante la pandemia de una fábrica metalúrgica que les pertenecía.
Ahí comenzaron maniobras cinematográficas de parte de los agentes. Pusieron un colchón tapando una puerta para esconder las maniobras, empezaron a decirle a la familia que había una causa abierta contra ellos por presunto lavado de dinero “de la banda de Alvarado” y les decían que tenían que llevarse el dinero. Al hijo más grande, de 16, lo amenazaban con que sus hermanos iban a terminar en un orfanato si no colaboraban. Los testigos que habían llevado al allanamiento, tenían un nombre falso y nunca pudieron ser encontrados. De ese modo, terminaron llevándose los dólares. Después, ya con la causa abierta y aunque ellos todavía no lo sabían, una de las acusadas decidió usar parte de la plata para pagar una fiesta de cumpleaños y avanzar con la compra de una lancha. Se trataba de una cómplice, que no había estado en el allanamiento. Por eso a ella le tocó ser imputada por encubrimiento.
En la audiencia, que se hizo este último fin de semana, el juez Rodrigo Santana dictó prisión preventiva efectiva hasta el próximo 26 de julio para dos de los acusados: AG, la mujer imputada de encubrimiento, que la transitará en modo domiciliario, y para el subjefe DC. Para los otros cinco acusados, se determinó la inhibición de sus cuentas bancarias. La medida posiblemente sea apelada por el fiscal Caterina.
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