Silvina Marino, esposa del ex jefe policial Daniel Corbellini, fue imputada este viernes en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Federico Rébola la acusó de ser prestamista ilegal y de haber mandado a extorsionar con ataques a balazos a un deudor. Con abundante evidencia que incluyó capturas de pantalla, documentación y audios de Whats App, se pidió prisión preventiva para la mujer, pero el juez Hernán Postma decidió otorgar el beneficio denominado “libertad con restricciones”, más una multa de apenas 50 mil pesos.
La decisión de Postma, si se tiene en cuenta la magnitud del delito imputado, fue insólita. Además, como si fuera poco, en su decisión fundamentó que Marino quedará “bajo el cuidado de su esposo”, un ex comisario que apareció nombrado en la investigación por el juego ilegal.
Camino al juicio, también se buscará saber el origen de los fondos que prestaban las financieras y según adelantó una fuente judicial, el contenido de los teléfonos que deben abrirse ahora pueden dar alguna sorpresa y eventualmente generar nuevas imputaciones.
La imputación del fiscal
La imputación de Rébola comenzó explicando que el 21 de mayo pasado a la madrugada, la víctima recibió disparos en el frente de su casa en Amenabar al 3700, “detectándose impactos en la reja de la granja con trayectoria hacia el interior, impactos a la altura de la ventana y tapial que posee la finca, y sobre la vereda un cartucho intacto aparentemente calibre 9mm con vaina de color dorada y punta color azul”. Además de los tiros, le dejaron una nota con un número de teléfono y un mensaje que decía “Sólo Wasap”.
El damnificado envía un mensaje a ese número, a las 3 de la mañana. Y a las cinco de la tarde de ese mismo día, recibe desde esa misma línea fotos de documentación que él y su esposa habían presentado un año antes a Marino, la esposa del ex comisario acusada en la audiencia de este viernes, que tenía en Sarmiento 854 una financiera denominada “Red Crediticia” que les había otorgado dos préstamos.
En otra parte de su declaración ante el MPA, la víctima también contó que una segunda oficina en la que se encontró con la acusada funciona en Maipú 875, entre Córdoba y Rioja. “De afuera está pintado de blanco, cambian dólares y todo”, dijo.
Aquellos préstamos que habían tomado en la financiera de la mujer del ex comisario Corbellini eran ambos por 50 mil pesos. Al momento de la balacera, estaban al día. Sin embargo, en la amenaza les dicen a la pareja que debe dejar su casa y le piden distintos vehículos: “un fox, una Kangoo, un Fiat mobi y la suma de $2.000.000 en el plazo de 24 horas porque sino matarian a su familia”, reseñó el fiscal Rébola en la audiencia.
La pareja se comunica con Marino, con quien habían tomado los préstamos, quien dice desconocer la situación. Pero al día siguiente, vuelven a recibir amenazas telefónicas. Le dicen: “Maniana vamos a hablar con Silvina y le vamos a poner los puntos xq la deuda la agarro la mafia. Y nos vas a tener que pasar los dos boras”.
La pesadilla continuaba para las víctimas: la titular de la financiera se comunica con quienes estaban siendo amenazados y les avisa que la deuda de $76.000 que les quedaba pagar, había pasado a $350.000. Les avisa también que ella era la interlocutora entre ellos como deudores y “el inversor” de identidad desconocida. Y les advierte que cualquier propuesta de pago ella debería negociarla con ese tercero, que debía aceptarla.
Luego de acordar un pago de $100.000 y cinco cuotas de $50.000 pesos, la víctima y su hermano van a la Galería Libertad, donde funcionaba la oficina de Marino y ahí se enteran que se les había agregado una sexta cuota. Cuando preguntan por qué este nuevo aumento de la deuda, la ahora acusada por el fiscal les responde: “Los confites están caros y el inversor tiene que arreglar con esta gente”.
El 31 de mayo, el domicilio de las víctimas vuelve a ser atacado a balazos. Y les dejan un cartel: “Ei hoy fue el aviso los dos Bora con 08 firmado sino ya sabe te mato cualquiera en el negocio”. Y les mandan Whats App amenazando con atentar contra la vida de su hermano, exigiendo otro auto y $1.000.000 de pesos, o también podían ser $600.000 pesos en efectivo.
Los aprietes siguieron. Y un mes después, en julio, la víctima es citada a la dársena de acceso del Hotel Puerto Norte para hacer el pago de una de las cuotas, a una mujer Mariana, que se presenta como contadora de la financiera.
Como en los primeros días de junio la víctima y su pareja habían hecho ya la denuncia ante el MPA, todo lo que fue pasando quedó registrado y quedó como evidencia para la imputación que se hizo en el Centro de Justicia Penal.07
El miércoles de esta semana, en el marco de esta causa, fue allanada la casa que Moreno comparte en zona oeste con su pareja, el ex jefe policial Daniel Corbellini. Pero a pesar de que durante su gestión existieron sospechas y denuncias de haber estado vinculado a la comisión de delitos, no se lo imputó por este caso sino que se pretendió que fue un ardid montado por su esposa sin vinculación alguna con su marido.
Postma, el juez de las domiciliarias
En la audiencia de este viernes, el fiscal Rébola pidió prisión preventiva para Silvina Marino, la esposa de Corbellini. Sin embargo el juez Hernán Postma –que tuvo a su cargo polémicas decisiones en los últimos años en cuanto al otorgamiento de domiciliarias– concedió el beneficio a la acusada del arresto domiciliario y una módica multa de 50 mil pesos.
El repaso por algunas decisiones del juez, podrían incluir las siguientes: en mayo de 2018, se descubrió que el empresario Marcelo Jaef -imputado entonces en la megacausa por estafas inmobiliarias- navegaba por el Paraná en un yate, cuando debía estar en su casa cumpliendo un arresto domiciliario que le había otorgado Postma. Los fiscales Haurigot y Narvaja pidieron al juez que revea su decisión, por la inconducta de Jaef, pero el magistrado ratificó el beneficio.
Más tarde sucederían los hechos que ataron para siempre el nombre de Hernán Postma al de Ema “Pimpi” Sandoval, condenado por el ataque a la casa de Antonio Bonfatti de 2013. Aunque esta situación pasó varios años después: es que en 2018, el narco resultó nuevamente imputado, pero por otro delito.
Esta vez, junto a su hermano, Empa “Pimpi” se vio involucrado en una doble tentativa de homicidio. Y a solicitud del fiscal Adrián Spelta, el juez Postma le concedió la alternativa a la prisión preventiva, para que la pase en un departamento en la zona de Rucci. Más adelante, como el imputado explicó que se sentía inseguro en su barrio, el magistrado le permitió mudarse a una zona más elegante, a un ostentoso caseró que pertenecía al juez de Cámara Oscar Puccinelli.
El domicilio era en Pago Largo al 600, en La Florida. Y quien alquiló la casa para que viva Ema “Pimpi” fue Matías Lange, joven de 24 años que no pudo acreditar ingresos. Su amigo Sandoval tampoco tenía recibos de sueldo, ni las condiciones que le piden a cualquier hijo de vecino que se acerca a una inmobiliaria. Pero todo este tramiterío formal no le importó a Postma, que accedió a la mudanza del narco que había atentado seis años antes contra la vida de un gobernador y que estaba acusado de una doble tentativa de homicidio. Esto sucedió en abril de 2019. Seis meses después, en medio de una escena cinemátográfica, desconocidos ingresaron a la casona cortando la luz de la cuadra y asesinaron a Ema “Pimpi”.
El fiscal Spelta resultó sancionado por aquel pedido. Y el juez Postma enfrentó un jury de enjuiciamiento, que lo salvó por 6 votos a 4. Entre quienes lo salvaron estuvieron el senador Armando Traferri y el actual presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez. Del otro lado, votando contra el magistrado habían estado Maximiliano Pullaro y el también ministro de la Corte, Daniel Erbetta.
En el caso de la domiciliaria a la mujer de Corbellini, quien no estuvo de acuerdo con la decisión fue el fiscal Federico Rébola, que llegó a la audiencia solicitando una prisión preventiva.
Quién es Corbellini, el marido de la acusada
Camino al juicio por esta causa, la justicia seguramente buscará indagar el origen de los fondos que prestaba la financiera de la esposa de Daniel Corbellini, que fue Jefe de la Policía de Inteligencia de la policía provincial y también titular del OJO, la central de monitoreo que funciona en la sede de Gobernación provincial, para el Ministerio de Seguridad. Cabe recordar que cuando el capitalista del juego ilegal Leonardo Peiti asumió ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra haber pagado coimas a funcionarios políticos, judiciales y policiales, nombró al senador Armando Traferi, a los entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal y a los comisarios Daniel Corbellini y Luis Amaya.
Peiti, que sería condenado por la justicia provincial al probarse que sus dichos eran ciertos, dijo en un fragmento de su declaración: “En una época tengo una pelea con un jefe de la policía, que es (Daniel ) Corbellini. Yo le daba dinero porque entre él y (José Luis ) Amaya manejaban todo, la parte de juego de lo que sea la provincia, y después repartirían con los distintos estamentos. Pero acá sí funcionó y prosperó es porque los grandes manejadores del tema eran Corbellini y Amaya. Y era toda una lucha, una pelea porque la parte de pago de lo que quiere cobrar la policía si vos le dabas cinco, ellos querían 15 o 20”.
Amaya era jefe de la policía provincial en 2017 y Corbellini era el Jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), luego convertida en AIC. Ambos tenían importantes roles en la fuerza de seguridad.
En el caso de Corbellini, que revistó 25 años para la fuerza policial, pasó por varios cargos importantes como el de Jefe de Homicidios de la UR II, entre otros. Y en 2018, luego de una serie de balaceras al Centro de Justicia Penal, fue corrido de su cargo en Investigaciones para ser destinado como responsable del OJO, en sede de Gobernación. Allí estuvo hasta el 10 de diciembre de 2019. Con la llegada de Omar Perotti a la Casa Gris, fue desplazado y retirado de la fuerza por el entonces ministro Marcelo Saín. “Tenía ya la edad para jubilarse. Y el dato que llamó la atención fue que al día siguiente de dejar la gestión, sabemos que reseteó su teléfono. Hizo un reset de fábrica para borrar la información que tenía”, confía a Red Boing un investigador con acceso a información calificada.
El fiscal Ponce Asahad, que también asumiría luego su participación en la red de coimas y brindaría información para achicar su pena al acordar un juicio abreviado, también afirmaría ante la justicia que Corbellini recibía los sobres con plata en un bar de la esquina de Mendoza y Francia, en barrio Echesortu. El mismo Ponce Asahad, que resultó destituido y condenado por la investigación de sus pares Edery y Schiappa Pietra, diría en esa indagatoria que el jefe de esta red era el senador Armando Traferri.
Hasta aquí, la imputación del fiscal Rébola no incluyó evidencias contra Corbellini. Pero en el marco de la investigación camino al juicio, puede abrirse una auténtica caja de Pandora. Más allá de aquel dato sobre el celular borrado, hay expectativa con la información que todavía pueda encontrarse en los aparatos que fueron incautados durante el allanamiento, por los datos de estos últimos tres años. “Tenemos que abrir esos teléfonos y de ahí puede surgir cualquier cosa”, amplió finalmente una fuente de la causa a Red Boing.
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