Leila Schmitt, la joven que el pasado viernes había sido detenida tras amenazar a los obreros que demolían el búnker de la familia Funes en el barrio Tablada, fue imputada este lunes. La mujer es visita semanal de Alan Funes en la cárcel de Marcos Paz y allí se registra como su pareja. Y al momento de irrumpir en la casa de Ayacucho al 4300 que minutos antes había empezado a ser demolida, les dijo a los hombres que trabajaban en el lugar: “No pueden tocar nada, salen inmediatamente, ustedes no saben lo que les va a pasar”. Insólitamente, el fiscal Aníbal Véscovo acordó con la defensa de la imputada la libertad de la misma, a cambio de una fianza de 400 mil pesos y la condición de que no ingrese al lugar donde amenazó, aceptándole que siga fijando su domicilio apenas a 20 metros de ese lugar.
La joven es hija del mecánico Juan Carlos Schmitt, que fue detenido en 2016 tras chocar a un cadete en barrio Agote a 130 kilómetros por hora. Ahora su padre ya quedó en libertad, tras cumplir dos tercios de la condena a nueve años. Pero mientras estuvo preso, su hija lo visitaba y allí en la cárcel conoció a Alan Funes. Según lo que ella dijo en una entrevista hace pocos meses, no es su novio sino apenas “su amigo”. Y está anotada como pareja al visitarlo en la cárcel todas las semanas, simplemente porque el Servicio Penitenciario no la dejaría entrar de otro modo. En la misma nota, se quejó de las condiciones de detención de Funes, condenado a 44 años de prisión por dos homicidios e imputado como líder de una asociación ilícita.
El último viernes, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni y el fiscal Franco Carbone encabezaron una conferencia de prensa mostrando la importancia de derribar búnkeres para avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Y pusieron énfasis en el “hito histórico” que significaba demoler la casa de Jorge “Gordo” Funes, donde nació el clan. En esa misma cuadra, hubo un sinfin de hechos violentos, contando por supuesto la ejecución de Mariela Miranda -madre de Alan y “Lamparita” Funes- en marzo 2016, que dio inicio a una guerra de bandas en la zona sur, que sumó más de treinta homicidios en pocos meses.
A contramano de esta decisión estratégica, el fiscal Véscovo le concedió la libertad a Schmitt y la posibilidad de que siga visitando a Funes en la cárcel, pese a la amenaza a los obreros. Además, le permitió seguir viviendo apenas a veinte metros del lugar que se está demoliendo, en una casa que -según el relato de varios vecinos a Red Boing- fue usurpada por el clan narco para que se mude allí la joven.
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