La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresó su preocupación por la posible eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu) para maquinaria agrícola. Según señalaron en un comunicado, esta medida podría desatar graves consecuencias económicas, productivas y ambientales para el país, especialmente en Santa Fe, provincia líder en la fabricación de maquinaria agropecuaria.
En la provincia, más de 200 empresas producen maquinaria agrícola, generando alrededor de 5.000 empleos directos. El triángulo formado por Las Parejas, Armstrong y Las Rosas constituye un clúster industrial clave, que además dinamiza una amplia cadena de valor que abarca talleres metalmecánicos, proveedores de materiales y desarrolladores de tecnología de precisión.
En 2023, Argentina fabricó más de 600 cosechadoras, 6.000 tractores y 550 pulverizadoras, tanto para el mercado interno como para la exportación. Sin embargo, Fisfe advirtió que permitir la importación de maquinaria usada generaría una competencia desleal. Actualmente, los equipos importados enfrentan un 26,5% en gravámenes, mientras que los insumos para fabricar maquinaria local soportan un 47%.
Riesgos económicos, productivos y ambientales
Fisfe enfatizó que esta medida podría perjudicar no solo a los fabricantes, sino también a toda la cadena productiva. Argumentaron que desarticularía esquemas como la toma de maquinaria usada en la compra de equipos nuevos, frenando la renovación tecnológica en un parque agrícola envejecido, donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores tienen más de 10 años de antigüedad.
Además, alertaron sobre los riesgos ambientales, como la propagación de plagas agrícolas a través de maquinaria usada, lo que ya ha ocasionado pérdidas significativas en el pasado. Según la entidad, problemas fitosanitarios anteriores provocaron una reducción de 11 millones de toneladas en la producción agrícola, con pérdidas estimadas en más de 1.600 millones de dólares en exportaciones.
Fisfe, junto con las entidades sectoriales Cafma y Afat, solicitó una revisión exhaustiva de la eliminación del Cibu. Resaltaron la necesidad de evaluar sus efectos en la industria local y el sector agroindustrial, promoviendo la sinergia entre el campo y la industria como un motor esencial para el desarrollo económico provincial y nacional.
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