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Política

Hubo acuerdo en la oposición para votar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Mientras se desarrolla la sesión especial en Diputados, con un final de los discursos prevista para cerca de la medianoche, se sucedían en bambalinas negociaciones ya no entre el oficialismo y la oposición dialoguista, como sucedió a lo largo de meses con la ley de Bases, sino con protagonistas hasta ahora impensados: Unión por la Patria y la oposición dialoguista.

Ese cierre de la grieta excepcional y supuestamente coyuntural se dio ante la necesidad de encontrar una solución al dilema abierto en torno al debate de la movilidad jubilatoria. Es que el dictamen de mayoría es el de Unión por la Patria y el segundo el de la UCR, HCF, IF y la CC. Ambos muy similares, pero con una diferencia sustancial planteada en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que UP no quiere tocar y los otros sí, para abonar deudas.

El problema radicaba en que, sin acuerdo, ninguna de las dos iniciativas tenía sentido. Conscientes de que esta especie de “chicken-game” auguraba que no hubiera media sanción y celebrara el oficialismo, promediando la jornada prosperó un acuerdo.

Así las cosas, a lo largo la tarde ya se advertían voces en el radicalismo que sugerían que los cordobeses -motorizadores de la idea de echar mano al FGS- retrotrajeran su postura. Y promediando la noche, conforme avanzaba el debate, se confirmó el acercamiento de las posiciones para avanzar en la votación.

La propuesta opositora de consenso

La iniciativa tanto de UP como de los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación Federal) es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.

Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).

En tanto, se fijará en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.

Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA).

El único aspecto que quedó suelto y que no pudo ser saldado es la eliminación de los regímenes jubilatorios de privilegio de presidentes y vices. Up se niega tajantemente y votará en contra en caso de que se mantenga en el dictamen.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.

La Libertad Avanza y el PRO la rechazan. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.

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