El proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal en la Provincia de Santa Fe hoy tiene un capítulo clave. Se tratará en la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados y tiene el aval de todos los bloques para que sea aprobado. Distintos actores de la política y del derecho ponen el ojo fino y creen que, por ahora, es una cáscara vacía, aunque es el primer paso para poder conformar el sistema acusatorio en nuestra provincia. Más fiscalías, más defensorías, más juzgados de primera y segunda instancia, en medio de la ola de violencia que vive Rosario. La duda pasa por si la coyuntura ayuda a que se generen cargos para repartir, o si realmente es parte de la solución a los flagelos que vivimos.
El clima de época logró lo que casi nunca: todos los diputados por la provincia de Santa Fe están de acuerdo con la idea de reforzar la Justicia Federal en Santa Fe, que ostenta la misma estructura que hace 40 años, a pesar de los álgidos contrapuntos que se dieron en la Comisión de Presupuesto la semana pasada. Esa base de discusión hace que no haya mayores diferencias en la pública, pero en privado siguen apareciendo los matices. El porqué de tantas fiscalías -27 nuevas sobre las actuales 6- se explica en base a la necesidad de instaurar el sistema acusatorio, tercera provincia en lograrlo después de Jujuy y Salta, a pesar de que se aprobó en el Congreso hace más de 8 años. Lo mismo corre para las 9 defensorías públicas que contempla el proyecto. Sin embargo, sorprende que el proyecto original hablaba de sólo 13 fiscalías nuevas, y llega al recinto con un número total de 27.
La explicación lógica pasa por el total de causas que se manejan en Rosario, con delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el contrabando, y se calcula, según la Procuración, 3 por cada juez de garantía que posee el sistema. Como son 9 los jueces de garantías que se crean -6 nuevos cargos y 3 juzgados actuales refuncionalizados-, el número pasó a ser 27. La arbitrariedad es natural en estos casos, pero no está claro el estudio por el cual se duplican las fiscalías. La política había puesto un número razonable, pero la cuchara judicial lo cambió en el camino.
Por otra parte, surge otra inquietud por parte de quienes vienen siguiendo el texto de la iniciativa, que pasa por saber cómo se conformará la estructura de trabajadores de cada una de las nuevas fiscalías. Sin secretarios, técnicos económicos, peritos, sin burocracia, sin una policía especializada y con recursos, el nombre de un nuevo fiscal es sólo una cáscara vacía. A su vez, se abrió hace poco un concurso para Fiscal Coordinador de Rosario, que vendría a ser quien organice el trabajo de todos los investigadores, y está abierta esa inscripción hasta el mes de mayo.
Todo eso depende de la voluntad del Poder Ejecutivo de turno con su Ministerio de Justicia, para aportarle los recursos necesarios al Ministerio Público Fiscal. Tal como ocurrió en Santa Fe, quienes están detrás del proyecto actual creen que es necesario poner en marcha el sistema para después ir corrigiendo o tapando huecos. Además, el Centro de Justicia donde funcionarán las nuevas fiscalías en los procesos orales será en el edificio de Sarmiento y 9 de Julio, donde alguna vez funcionara el Banco Municipal de Rosario y que se encuentra abandonado. Se está consiguiendo un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la puesta en valor y la adaptación para las salas de audiencias y las oficinas.
La demora en los concursos federales son un escollo a resolver si queremos que esto sea realidad pronto. Hay procesos de elección de autoridades que ya llevan 4 años -por ejemplo, el del coordinador de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en Rosario-, y si no hay voluntad política de todas las fuerzas, la dilación en los tiempos va a ser fundamental pensando en la posibilidad de éxito de esta nueva manera de perseguir a los delincuentes que cometen crímenes del orden federal.
Según el cálculo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el impacto fiscal de la iniciativa es de 1.100 millones de pesos anuales extra para la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe. Son 50 cargos en total: 27 fiscales, 9 defensores públicos, 6 jueces de garantías, 6 jueces de revisión, y 2 nuevos juzgados de ejecución penal. La mayoría de los cargos se los lleva Rosario, con 15 fiscales, 1 juez de ejecución, 3 defensores, 1 juez de garantías y 3 jueces de revisión nuevos. El resto, se reparte entre Santa Fe, segundo beneficiado en el reparto, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela y San Nicolás, que entra dentro de nuestra estructura a pesar de ser del norte de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto tiene el aval de todas las fuerzas políticas y se aprobará en el recinto por la tarde, después de los discursos de cada uno de los legisladores de la Cámara baja que están dispuestos a emitir una opinión. Se entiende que cuando llegue al Senado consiga el mismo aval, dada la unanimidad en el tratamiento de las comisiones internas, y pronto se convierta en Ley. De ahí, hasta que se ejecute, llevará un tiempo, y las negociaciones por los nombres se transformará en la real inquietud de la política y de las autoridades nacionales de la Justicia.
Por último, la voluntad política en general, y la capacidad de trabajo en particular, serán la real solución al problema del narcotráfico en Rosario, más allá de la estructura que dispongamos. Cuando dos fiscales federales como Juan Murray y Adolfo Villate fueron contra un jefe policial como Hugo Tognoli, terminaron corridos de esa investigación, además en el momento que llegaron 14 denuncias de investigadores policiales contra Esteban Alvarado al Juzgado de Primera instancia de Rosario del juez Marcelo Bailaque, se desecharon y no avanzó la causa. Eso también es parte de lo que se necesita.
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