Las próximas horas serán decisivas para el futuro del juez federal Marcelo Bailaque, que enfrentará entre martes y miércoles un doble trámite donde se analizarán varios hechos que lo comprometen.
Por un lado, la Comisión de acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá hoy para debatir una posible suspensión del juez, a partir de varios legajos que se abrieron en los últimos años en su contra, por presunta convivencia con el narco Esteban Alvarado y la sospecha de haber participado además de una maniobra extorsiva junto al ex jefe de AFIP Rosario, Carlos Vaudagna. Y por el otro, mañana habrá una segunda audiencia imputativa que lo tendrá como protagonista para ampliar la evidencia que ya presentó un equipo de fiscales que lo investiga y que le abrió una causa penal por presunto prevaricato, corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las posibles sanciones
La Comisión de Acusación, presidida por Luis Juez, podría determinar la suspensión provisoria de Bailaque. Y una vez que él trámite avance, se podría decir una destitución. En la Argentina hay sólo dos antecedentes similares: un juez de Salta, Raúl Reynoso, y uno de Corrientes, Carlos Soto Dávila. Ambos fueron apartados de su cargo y luego condenados por convivencia con narcotraficantes. Y por la evidencia presentada hasta el momento, el magistrado rosarino podría correr en el mediano plazo la misma suerte.
De acuerdo a lo que pudo averiguar Red Boing en la previa de la audiencia de este miércoles, la investigación contra Bailaque fue sumando evidencia y mañana podría haber pedido de cautelares de parte de los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, que dirigen la investigación.
Cabe recordar que en marzo pasado el ex jefe de AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, aceptó ser imputado colaborador y contó ante los fiscales cómo habían urdido una maniobra extorsiva junto a Bailaque y al financista Fernando Whpei. El hecho tuvo al empresario Claudio Iglesias como víctima, ocurrió en 2019 y fue tramado -según dichos del ex funcionario de AFIP- en la casa del propio juez tras un asado.
Qué pasó en la primera audiencia
La audiencia imputativa realizada en noviembre de 2024 se desarrolló bajo un estricto protocolo de confidencialidad: los periodistas acreditados debieron apagar sus teléfonos y los fotógrafos no pudieron ingresar a la sala. El magistrado, por su parte, permaneció oculto durante todo el proceso, protegido por una formación de cuatro agentes de la Policía Federal.
La acusación fue llevada adelante por el fiscal general Fernando Arrigo junto a los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina. Los cargos se relacionan principalmente con dos hechos: su vínculo con el empresario Fernando Whpei y el contador Gabriel Mizzau, ambos relacionados a casos de lavado de dinero narco.
Uno de los hechos más graves señalados por la fiscalía fue el desbloqueo de más de mil millones de pesos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín. Los fondos habían sido inmovilizados en 2019 por el juez Adrián González Charvay, tras la detención de su titular, Herme “Vino Caliente” Juárez. Pero Bailaque —a cargo de la causa— los liberó, y el dinero terminó en manos de la mutual de los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, este último amigo personal del magistrado.
“Ambos viajaron juntos este año a Chile”, reveló el fiscal Reynares, y cuestionó que Bailaque no se haya excusado pese a ese evidente conflicto de intereses. “La Justicia Federal no estuvo a la altura ni para perseguir al narcotráfico ni para cuidar esos fondos: eran tres mil millones de pesos”, disparó.
Otro eje de la imputación gira en torno a la relación del juez con Gabriel Mizzau, contador que —según la fiscalía— firmaba balances tanto para empresas del narco Alvarado como para el propio Bailaque. En 2015, el magistrado rechazó intervenir el teléfono de Rosa Capuano, esposa del narco. En paralelo, el contador Mizzau mantuvo 865 llamadas con ella entre 2014 y 2016.
“Ya hubo condenas que acreditan que Alvarado lavó dinero mediante firmas de fachada. Y ahora sabemos que el mismo contador que avalaba esos movimientos también trabajaba para el juez”, indicó el fiscal Scilabra. Argibay Molina, a su vez, acusó a Mizzau de asesorar a transportistas involucrados en maniobras de lavado.
Durante la audiencia, los fiscales solicitaron acceder al historial de llamadas de Bailaque entre 2014 y 2018, algo a lo que la defensa se opuso alegando razones de privacidad. El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz desestimó el planteo. También se pidió levantar el secreto fiscal sobre los movimientos del contador Mizzau, para verificar si firmó declaraciones juradas del magistrado mientras trabajaba para Alvarado.
Por su parte, la defensa intentó impugnar las acusaciones señalando que los hechos datan de antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Pero el titular de la PROCELAC, Diego Velazco, lo refutó con firmeza: “Con ese criterio, no se hubiese hecho ni el Juicio a las Juntas”.
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