El doctor Bruno Guastella, profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNR, analizó este miércoles en nota con Río 96.9 la nueva Ley Antimafias con la que el gobierno nacional pretende avanzar en la lucha contra el delito. “La herramienta más poderosa que da la ley es la posibilidad de las autoridades de que declare una zona sujeta a investigación especial. Esto rompe un poco la idea de competencias limitadas que había en tema de ciudades”, señaló el entrevistado.
La norma fue promulgada en marzo a nivel nacional y ahora resta la adhesión de la provincia de Santa Fe. En ese marco, los penalistas que analizaron la ley empiezan a plantear su mirada del tema y organizaron una charla en el Colegio de Abogados en la que Guastella fue uno de los disertantes, junto a los doctores Ana Vera y Gustavo Feldman.
Guastella amplió: “Una vez que las provincias adhieran hay un mecanismo especial para declarar esas zonas sujetas a investigación especial, que puede ser un barrio, media ciudad, o todo el sur de Santa Fe, no lo sabemos. El mecanismo establecido para eso es que el Ministerio Público Fiscal -que es básicamente el MPA federal- le solicita junto con el gobernador de la provincia de la zona sujeta a investigación, le pida a un juez federal que declare esa zona sujeta a investigación especial y recién una vez que está declarada esa zona sujeta a investigación especial, se convoca a las autoridades locales, entre ellos el MPA. Esto en principio sería como una inversión de roles, si al Ministerio Público de la Acusación -que es encargado de la persecución de los delitos ordinarios en el ámbito de la provincia- lo llaman al final de todo”.
Cabe recordar que en la última visita que hizo Patricia Bullrich a la ciudad, a comienzos de abril, adelantó que Rosario sería la primera ciudad del país en la que se iba a aplicar la nueva ley. Por su parte el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, valoró la sanción de la norma.
Guastella habló sobre la posibilidad de decomisar bienes: “La otra gran herramienta que trae posiblemente la ley es la que se conoce como el decomiso anticipado, que ya golpea en lo que todos los tratados internacionales de esta materia dicen que es el producto económico del delito. El decomiso es la extinción del dominio, sacarle los bienes a alguien. Y lo de anticipado viene porque se podría hacer mucho antes de una sentencia que los declare responsables penalmente. Y por último, dentro de las herramientas más grandes, hay una modificación al código penal con la aplicación de unas figuras nuevas similares a lo que era la asociación ilícita”.
El último concepto abordado por Guastella en la entrevista fue aquel que plantea que todos los integrantes de una organización criminal condenada por la nueva ley tengan la misma pena, más allá del rol que cumplían en la banda: “Si buscan aplicar la misma pena, podríamos debatir si es la misma determinación de pena o la misma escala penal, eso chocaría con un principio constitucional que es el de la culpabilidad por el acto. Uno puede responder por lo que hizo y no por lo que se integró. Esto llevará tiempo debatirlo y habrá que ver también cómo se aplica. No es lo mismo el acontecimiento político de la sanción de la norma que el hecho jurídico de su aplicación”, finalizó el profesor de Derecho Procesal Penal de la UNR.
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