La Cámara de Diputados lleva a cabo la discusión del proyecto para regularizar la tenencia de armas a través de un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El debate se inserta en la serie de reformas que quiere hacer el Gobierno sobre el Código Penal.
En su presentación de la ley, el Ministerio de Seguridad señaló que “hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular” en el país y, en ese marco, “este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Es por eso que fue convocado a disertar el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, funcionario bonaerense allegado a Patricia Bullrich.
“El plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en Argentina es un sistema registral robusto y exigente, pero ha perdido eficacia y hoy el Estado argentino tiene dificultades para obtener buena información”, analizó Allan
El mismo funcionario ya había flexibilizado las condiciones para renovar la certificación de Legítimo Usuario. Desde este año, y si se solicita la actualización 90 días antes de vencimiento, no es necesario acreditar idoneidad en el manejo de armas de fuego nuevamente. “Esta iniciativa elimina procedimientos innecesarios y costosos, optimizando tiempo y recursos”, argumentó Allan.
La propuesta presentada en la Cámara Baja, se implementarán trámites que flexibilizarían el registro de usuarios irregulares. También se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare.
En tanto, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) señalaron que se continuará eliminando procedimientos para facilitar la tenencia legítima. Este ente descentralizado del ministerio de Justicia tiene como función llevar adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.
Entre los principales objetivos de la iniciativa, el documento establece un plazo de 360 días para implementar un procedimiento desde el Estado de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional. La iniciativa abarcaría en este marco a todas aquellas personas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o convencional o repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.
“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.
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