Con las declaraciones de dos testigos pedidos por la defensa de Lázaro Báez, uno de los implicados en el caso, se reanudará este lunes el juicio conocido como “Obra Pública”, el primero que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el banquillo de los acusados.
Se trata del único de todos los debates que tiene CFK que está en desarrollo y en el caso se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en favor de Báez. El juicio se realiza frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, con una frecuencia de dos veces por semana, de forma semipresencial, por la pandemia que golpea al país.
Con una perspectiva de que aún restan alrededor de 100 testimoniales, se estima que se está en la mitad del debate, que no terminaría este año. En el juicio está previsto que declaren como testigos, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros. Por el caso hay una serie de planteos realizados por la defensa de la vicepresidenta en la Corte Suprema de Justicia.
El debate estuvo varios meses frenado el año pasado por el contexto impuesto por el avance del Covid y luego se reanudó vía zoom.
Tras el receso de verano, mañana se reanudará el juicio con las testimoniales de Leonardo José Durante y Omar Elpidio Riveros, ambos pedidos por la defensa de Báez. Se trata de dos ingenieros de la Unidad de Audiroria Anterna de Vialidad, que dependía de SIGEN, que durante varios años estuvo a cargo de Alesandra “Laly” Minnicelli, esposa del ex ministro Julio De Vido, otro de los acusados en el caso. En 2013 ambos profesionales elaboraron el informe 57/13, en el que se constataron diferentes observaciones en los distintos convenios que se hacían en comparación con otras de las provincias.
Analizaron cumplimientos de convenios en distintas obras y emitieron varias observaciones, entre ellas que en Santa Cruz no se cumplían con seguimientos así como la falta de participación de los distritos que tenían que controlar. Con esos y otros puntos señalados se consignó que quienes financiaban las obras no podían controlar y ni siquiera contaban con copia autenticada de la licitación. Al tiempo que también el informe explicó que se certificaron anticipos financieros (de alrededor del 30 %) y sin embargo los trabajos no habían empezado.
Fuente: Perfil.
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