Cuatro armas que formaron parte de los elementos probatorio del juicio por el homicidio de Matías Sosa desaparecieron de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El escándalo no termina allí, sino que el pasado jueves 31 de marzo una de esas armas fue secuestrada en un procedimiento en un aguantadero en el Barrio Las Flores tras una persecución.
Las armas que se “perdieron” en la oficina de la OGJ son 3 pistolas semi automáticas calibres 9 mm y una pistola semi automática calibre 380. El juicio se llevó adelante desde el 17 de noviembre pasado en la sede del Centro de Justicia Penal, y la investigación estuvo a cargo del fiscal Adrián Spelta.
Esas armas estuvieron en el depósito del Ministerio Público de la Acusación desde el secuestro hasta el 27 de agosto del 2021, cuando pasó a manos de la OGJ, organismo que debe tenerlas por protocolo para que todas las partes del juicio puedan tener acceso a las mismas y no sólo la fiscalía.
El 2 de diciembre deberían haber vuelto al depósito del MPA, pero cuando se tenía que hacer el traspaso no se habían realizado los oficios y se dilató la entrega. Llegó la feria judicial y esas armas no volvieron más. El 1° de febrero de este año se constató que ya no estaban en la OGJ y se abrió un sumario administrativo y se hizo una denuncia penal, que recayó sobre la fiscal Paola Aguirre. Desde ese momento se está detrás de la búsqueda de las armas y de saber por qué desaparecieron de la oficina judicial.
El arma apareció en un aguantadero de Las Flores tras una persecución que se dio desde Gutiérrez y Circunvalación hasta Flor de Nácar y Platón. Allí había un aguantadero de donde se secuestraron una FMK3 y una de las pistolas 9mm que desapareció del juicio por el homicidio de Matías Sosa. Ni siquiera le habían limado el número de serie, por lo cual no fue necesario el peritaje para determinar si era o no el arma.
Dos armas 9mm de las que desaparecieron deberían haber vuelto a manos del Ministerio de Seguridad de la provincia, dado que eran armas oficiales que utilizaron en el homicidio los hermanos Villarruel, ex policías de Santa Fe. Pero nunca llegaron.
El depósito del MPA funciona bajo las normas ISO 9001 y fue recertificado hace poco tiempo. Esta oficina recibe todas las armas de las investigaciones judiciales que se generan desde las fiscalías, y cada empleado tiene la autorización con la credencial de legítimo usuario para poder manipular las armas.
La desprolijidad en los protocolos de la OGJ fue tema de conversación en más de una ocasión y este hecho escandaloso termina de develar lo poco protocolizado que está el trabajo. De hecho, hay incumplimiento de normas nacionales porque hay empleados que manipulan armas sin autorización para hacerlo.
Hay 3 armas de fuego que aún no aparecieron y continúa la investigación sobre lo sucedido.
Comentarios