Los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron un proyecto de ley en el Congreso para convertir planes sociales en empleo genuino generando capacitación laboral, cubriendo necesidades que surgen de los principales sectores productivos de cada región del país.
En este marco, el legislador oriundo de Piñero conversó con Después de Todo por Radio Boing y brindó detalles de la iniciativa. “Venimos trabajando para unificar los planes sociales en uno. Cuando recorres la provincia, las empresas buscan personal y se encuentran con la realidad de que no están formados”, comenzó en diálogo con Sebastián Soso.
“Vemos que algunos quieren, pero no tienen el hábito de ir a trabajar. Otros no quieren dejar los beneficios. Lo que buscamos es transformar el gran gasto social actual en una inversión, capacitando obligatoriamente”, siguió.
Luego, explicó que la propuesta es una labor intensiva, con talleres de 3 a 6 meses de acuerdo con la especialidad requerida. “Después, eso se transforma en una pasantía por 24 meses, y la compañía pagaría la diferencia entre el convenio colectivo y el plan social del Gobierno. También, los aportes y contribuciones”, enunció.
Por último, afirmó: “Queremos automatizar. Cuando la persona tiene el empleo y cumple con las condiciones, que se caiga el plan y pase a ser un trabajador formal. No pretendemos hacer un ahorro, lo que buscamos es que en 20 años se vuelva a la cultura del trabajo”.
“Lo que nos pasa a los argentinos no es algo coyuntural. Desde 2001 venimos poniendo planes tras planes y llega un momento donde esto no da para más. Estamos pagando las malas consecuencias de lo que se tomó. El plan social tiene que ser obligatorio para quien lo necesita, pero hay que trabajar y reinsertarlo con capacitaciones”, concluyó.
El proyecto
El programa posee dos líneas de acción: línea de promoción para beneficiarios de planes sociales y línea de beneficios para empleadores que sumen a su nómina laboral a beneficiarios del programa. Sobre el primer punto se destaca que aquel que perciba un plan social por parte del Estado Nacional se encontrará obligado a participar del Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad. Podrá elegir acorde al lugar de residencia, no podrá exceder las 20 horas semanales, y tendrá un máximo de 4 horas diarias por un plazo determinado.
Asimismo, todo aquel que perciba un plan social del Estado Nacional tendrá la obligación de hacer dos capacitaciones anuales dentro del plan federal de capacitación para la empleabilidad. El incumplimiento de dicha norma generará como consecuencia la baja automática del beneficio.
Concluida la capacitación, el beneficiario, automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses una pasantía laboral.
En la segunda línea de acción, se establece que las empresas que contraten a las personas tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonara por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
El proyecto destaca que la autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas para maximizar la aplicabilidad de la presente ley. También, la Jefatura de Gabinete dispondrá los mecanismos necesarios para la creación de convenios con instituciones educativas y cámaras empresarias para la realización de las correspondientes capacitaciones, contenidos, plazos y lugares de las mismas. Las capacitaciones serán financiadas por la autoridad de aplicación asignando un monto de acuerdo al tipo de modalidad del sector.
El proyecto es acompañado por los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
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