El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, respaldó la construcción de un alambrado en la frontera con Bolivia con el objetivo de frenar la expansión del crimen organizado en la zona. Según explicó, la medida responde a la violencia extrema registrada en la región, incluyendo casos de decapitaciones y ejecuciones que generaron gran preocupación entre las autoridades y la población local.
“Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol”, relató en declaraciones radiales, y agregó: “Por eso, el gobernador de la provincia pide asistencia a la Nación y con la ministra Bullrich lanzaron el Plan Güemes”.
El proyecto contempla una barrera de 200 metros de ancho y 2,5 metros de alto, que se extenderá desde la terminal del pueblo hasta la oficina de Migraciones. El propósito es impedir el tránsito no controlado entre ambos países y dificultar el accionar de las bandas delictivas que operan en la zona.
Zigarán destacó que la situación en la frontera fue crítica durante los últimos años, con un incremento en los delitos vinculados al narcotráfico y el contrabando. Además, señaló que la falta de personal en los organismos de control fronterizo ha complicado la fiscalización del tránsito entre Argentina y Bolivia. Según el funcionario, Bolivia aporta menos recursos humanos en los controles integrados, lo que genera cuellos de botella y dificultades en el paso legal de personas y mercancías.
La construcción del alambrado busca reducir los cruces ilegales y mejorar la seguridad en la región. Sin embargo, la medida generó opiniones divididas, ya que algunos sectores consideran que podría afectar la actividad comercial y la movilidad de los habitantes de la zona, quienes dependen del tránsito fronterizo para sus actividades diarias. Pese a esto, las autoridades sostienen que la prioridad es combatir el crimen organizado y garantizar un mayor control en la frontera.
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