Tras el envío al Congreso de la “Ley Hojarasca”, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger se reunieron este lunes en Casa Rosada con diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de obtener su apoyo para distintas iniciativas presentes en la agenda legislativa, incluida aquella que pretende derogar “normas obsoletas”.
El encuentro -que fue el primero entre el Gobierno y los bloques dialoguistas luego de que la Cámara baja ratificara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario- tuvo como ejes no sólo el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sino también el Presupuesto 2025 y la Ley Ficha Limpia, que busca prohibir el acceso a cargos electivos para personas condenadas por delitos penales.
En el caso de la Ley Hojarasca, ya parece contar con el acompañamiento de PRO. “Está buena, ya la estuvimos trabajando”, indicó sobre la propuesta un referente del espacio citado por TN. En sintonía, el jefe de esa bancada en Diputados, Cristian Ritondo, se reunió a solas con el asesor presidencial Santiago Caputo.
La cumbre general, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, contó también con la representación oficialista del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y los legisladores Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Carlos Zapata.
En tanto, por la oposición dialoguista estuvieron, además de Ritondo, sus compañeras de bloque Silvia Lospennato y Silvana Giudici, y sus pares del MID Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez.
“Estamos intentando hacer que el Congreso funcione de la mejor manera posible, llevando proyectos que puedan ver la luz y que tengan la mayor cantidad de adhesiones posible”, señaló Bornoroni, quien lidera la bancada de La Libertad Avanza en Diputados.
Además, trascendió que los funcionarios insistieron en que el Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones al Presupuesto y redistribuir partidas mientras no afecte al equilibrio fiscal. “Hay un 60% del proyecto que no se puede tocar. En el resto que hagan los cambios que quieran pero siempre entendiendo que si ponen en un área, deben sacar de otra”, subrayaron desde el entorno presidencial.
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