El gobierno de Javier Milei implementará la regulación del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes en universidades argentinas, como parte del capítulo de educación de la Ley de Bases. Además, la nueva normativa establecerá criterios revisados para la distribución de recursos universitarios, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos y graduados. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones con la oposición respecto al financiamiento universitario y tras el veto presidencial.
La reglamentación, que se oficializará en los próximos días, ha suscitado un intenso debate, especialmente tras el reciente veto de Milei. Fuentes gubernamentales indican que la Casa Rosada está ajustando el momento de su publicación, a la espera del debate en el Congreso programado para el 9 de octubre. A pesar de las críticas, varias universidades aún no han recibido información sobre los detalles del proyecto.
Este proyecto permitirá a cada universidad decidir si cobra o no a los estudiantes extranjeros. Además de los cambios en el financiamiento, se llevará a cabo una evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo en general.
A pesar de que la normativa fue elaborada bajo la dirección del ministro de Educación, Carlos Torrendell, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, no participó directamente en su diseño. Mientras tanto, se espera la conformación de una “comisión técnica” para abordar la disparidad salarial entre docentes universitarios y otros sectores estatales, una cuestión que sigue generando roces entre las universidades y el gobierno.
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