El Ejecutivo nacional comenzó este viernes el proceso de privatización total de la compañía Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

A través del Decreto 286/2035, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dio inicio a la primera etapa, en la que se autorizó la venta del 100% de las acciones de ENARSA en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica CITELEC S.A., que son el 50% de la empresa controlante de Transener, la responsable del sector en todo el país.

De acuerdo a las especificaciones, la operación se hará “mediante un concurso público con base, de alcance nacional e internacional“.

Los argumentos de la gestión libertaria para desprenderse de sus activos y dejarlos en manos del sector privado es que, durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración.

“La intervención estatal a través del desarrollo de actividades propias del sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el ESTADO NACIONAL y la gestión de los servicios públicos”, argumenta el decreto.

Con este esquema apunta a ordenar el funcionamiento del Estado -que busca activamente achicar y reducir a su mínima expresión tal como lo prometió el presidente Javier Milei en campaña- y permitir que empresas privadas con capacidad de inversión asuman actividades clave para el desarrollo, como es la transmisión eléctrica.

La autorización para la privatización total de ENARSA, “mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio” se desarrollará “por etapas, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”.

La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles, según puntualizaron, ya que el Gobierno afirma que el sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además considera que es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación.

Las autoridades resolvieron no aplicar las preferencias que prevé el artículo 16 de la Ley 23.696, lo cual excluye del proceso de adquisición cualquier trato diferencial para actuales accionistas, como Pampa Energía, ni para trabajadores de ENARSA. La compañía Pampa, de Marcelo Mindlin, posee el otro 50% de CITELEC, pero no tendrá prioridad en la adquisición de la otra mitad puesta en venta.