El Gobierno Nacional ordenó, en las últimas horas, disolver la Unidad Especial de Investigación, encargada de la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar.
Si bien las Abuelas de Plaza de Mayo ya había alertado sobre la posible eliminación de este organismo, el presidente Javier Milei anuló la normativa 715 a través del decreto 727/2024, que fue publicada el 9 de junio de 2004 durante el mandato de Néstor Kirchner. Esta normativa formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y fue fundamental para avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Según argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”. En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que “violentan nuestro régimen constitucional”.
Además, agrega que “corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial” y que por tal motivo se creó “en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado””.
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