El Gobierno eliminó este lunes la obligatoriedad de contar con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para conducir vehículos de carga, una revisación de salud e idoneidad conocida como “registro Moyano”, dado que el trámite era monopolizado por el sindicato de Camioneros. Además, dispuso la digitalización del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA).
Se trató de una decisión conjunta del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la secretaría de Transporte, a cargo de Federico Sturzenegger y de Franco Mogetta, respectivamente, que forma parte de una serie de medidas para “agilizar los procedimientos administrativos y brindar mayores libertades”.
Pese a que los funcionarios preparan una norma para suprimir la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, el Decreto 832/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial ya estableció su exclusión de la documentación requerida a los choferes de camiones para poder circular.
El LiNTI, que es un trámite anual para choferes de camiones, implicaba un examen de idoneidad de manejo y una revisión médica para la cual los conductores debían pasar por clínicas adheridas al sistema y por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
Esta revisación psicofísica, que costaba unos $33.000, fue bautizada como “registro Moyano” dado que, al momento de su lanzamiento, se realizaba en centros de salud de la obra social del Sindicato de Choferes de Camiones.
El Decreto 832/2024, que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, dispuso además que “el proceso de inscripción” en el RUTA “será electrónico, declarativo, gratuito y no exigirá presencialidad“. Al respecto, Mogetta señaló en su cuenta de la red social X que “se simplifican los trámites para el transporte de cargas” y destacó: “Menos trámites burocráticos, más competitividad para el sector”.
En este sentido, aseguró que el Gobierno sigue “trabajando para agilizar los procedimientos administrativos y brindar mayores libertades”, y subrayó: “De esta forma, el Estado deja de ser una traba o complicación para el empresario que se puede focalizar en brindar más y mejor servicio”.
Por su parte, Sturzenegger detalló que “en 2023 los transportistas tuvieron que ir a alguna de las 202 ubicaciones para hacer 150.000 trámites con un costo de 500 millones de pesos” y advirtió que antes de su digitalización “el certificado podía demorar 70 días en el que el vehículo quedaba inutilizado”.
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