El Poder Ejecutivo Nacional incluyó, entre los 18 temas que mandó al debate para las sesiones extraordinarias en Diputados previstas para febrero, el proyecto de ley “tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones”, el cual ya tiene media sanción del Senado.
Esto se da gracias a que el gobierno piensa que la planta de cannabis podrá potenciar la recuperación económica pospandemia a corto plazo. Crearía miles de fuentes de trabajo al 2025, y un circuito de dinero por el consumo interno y el comercio internacional que sumará divisas a una caja flaca que, contexto de deuda con el FMI mediante, necesita dólares como nunca antes.
“Es uno de los cinco o seis proyectos que creemos que se van a tratar y que debería salir porque hay consenso con una parte mayoritaria de la oposición”, comentó una fuente influyente del bloque del Frente de Todos.
Por otro lado, algunas provincias como Jujuy y Corrientes, San Juan o La Rioja, trabajan en emprendimientos industriales de cannabis públicos y privados.
San Luis, por ejemplo, será la sede de una exposición sobre cáñamo industrial en junio y su gobernador, Alberto Rodríguez Saa, ya se manifestó durante las reuniones de comisión del Senado no sólo a favor de esta ley sino también de avanzar en una regulación de la tenencia y el cultivo de marihuana para consumo personal.
Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández aspira a que Argentina se convierta en un líder regional en el negocio del cannabis industrial, basado en las reconocidas capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país en todo el mundo.
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