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Argentina

El Gobierno anunció la disolución del Procrear y así poder optimizar recursos

En una nueva medida destinada a reorganizar las finanzas públicas, el Gobierno argentino ha anunciado la disolución del Fondo Fiduciario Público “Pro.Cre.Ar”, un programa que, desde 2012, buscó facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios.

Los motivos que llevaron al presidente Javier Milei para la disolución del Fondo Pro.Cre.Ar apuntan a que este fondo ha representado una carga significativa para las finanzas públicas, y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados. Entre los problemas detectados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se destacan:

– Demoras en la entrega de viviendas, que generaron costos adicionales en mantenimiento y vigilancia.
– Problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.
– Falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

El Rol del Estado en el financiamiento de viviendas

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.

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