La Provincia llevó a cabo el derribo de un bunker y la inactivación de dos lugares más, todos vinculados a la disputa territorial de Pasaje Acuña al 5700. Estos lugares pertenecen al clan Tripi y, según informó el fiscal Franco Carbone, fue indicado por los vecinos como un punto neurálgico. La medida se da en el marco de la ley de Microtráfico, donde se establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de narcomenudeo, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
“En este lugar, la investigación empieza en diciembre y enero de este año, con amenazas al gobernador de la provincia, con distintas balaceras y mención a la tropa de operaciones especiales”, detalló el fiscal. Además, relató que al comenzar el trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad, se descubrió un procedimiento falseado por tres agentes del comando radioeléctrico, en donde plantaron armas de fuego a una persona “muy allegada al clan Tripi”. Por el hecho hay 5 personas imputadas, y se investiga si los mismos pertenecen a la banda rival de los Tripi.
Además, explicó que, desde el lugar, se reportaron dos mil situaciones de violencia a lo largo de un año.
El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, expresó que en lugar “se configura el paisaje perfecto que tiene que ver con lo que la ley de Microtráfico establece, un punto que corrompe la tranquilidad y la vida de un barrio”.
“Nos parece sumamente importante la difusión y el conocimiento por parte de la población de esta realidad”, expresó y agregó que, aunque esto es interminable, se debe continuar investigando y trabajando como lo está haciendo Fiscalía. “Vamos siempre un paso atrás porque la delincuencia con su poder de logística y de financiamiento, anomia lo que respecta al cumplimiento de lo que nosotros desde el Estado podemos hacer, pero se sigue avanzando siempre”, concluyó.
Operativos como este se desarrollan desde principio de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
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