No ha sido una semana fácil para la ciudad. En las últimas horas se sumó una campaña de difusión en redes con noticias falsas que aterrorizó a la población, y la visita de la CSJN y los jueces federales de todo el país, hecho que terminó en una puesta en escena agraviante para el conjunto de mujeres y hombres que pueblan esta ciudad y la provincia.
El recuento de muertes volvió a mostrarnos su cara más atroz; los niños han vuelto a ser las víctimas. Serena de solo 6 años fue acribillada en el sur de la ciudad en el arranque de la semana junto a sus padres, tal como había ocurrido en los otros dos triples crímenes que se sucedieron en el departamento Rosario en lo que va del año.
En paralelo al acercarse la cumbre judicial anunciada para el jueves 12, una cadena de mensajes que muchos ciudadanos candorosamente reprodujeron, alertaba sobre posibles atentados en la zona de la facultad de derecho, sede del encuentro, paseos gastronómicos, escuelas y otros lugares icónicos de la ciudad.
El intendente Pablo Javkin fue contundente en su caracterización de los hechos: “Estamos ante una acción de terrorismo, orquestada por las mafias. Siembran miedo para hacer negocio con el terror” señaló y respaldó incondicionalmente a los fiscales y jueces que participan en los procesos judiciales contra los jefes de estas organizaciones.
Con el correr de los días las investigaciones judiciales han puesto el foco en otros actores impensados. Al parecer, sobre el cierre de esta columna, un grupo de adolescentes de escuelas secundarias habrían originado las amenazas como una gracia. Cuesta creer por la precisión de las palabras utilizadas. En el mejor de los casos son un cruel reflejo de los tiempos en que vivimos en los que el llamado a la escuela alertando por una bomba para evitar un examen se trasformó en un mensaje donde se proyectan atentados, balaceras y muerte.
Pero volvamos a las palabras del jefe comunal que al margen de estos hechos puntuales encuadran en muchas de las actividades realizadas por las bandas que operan en rosario.
Pablo caracterizó las actividades criminales usando una terminología que si bien es ruidosa en nuestra historia resulta apropiada, no solo para el presente de Rosario, sino para lo que el país deberá enfrentar a futuro sino se toman hoy, las medidas correctas.
El crimen organizado crece no solo en la Argentina sino en Latinoamérica en su conjunto poniendo en jaque a los gobiernos democráticos y amenazando la paz y la convivencia en las grandes ciudades de la región.
La semana pasada desde estas líneas alertábamos sobre la aparición de personajes del Primer Comando Capital, la mayor organización delictiva de Latinoamérica (originaria de Brasil) en operaciones ligadas al narcotráfico local y regional.
Este martes, Marcelo Pecci, fiscal anti mafias en Paraguay fue asesinado por sicarios en Cartagena de Indias, Colombia, y las primeras investigaciones indican que el PCC estaría tras su muerte. En cualquier caso como detalla el análisis de la policía nacional de Colombia se trata de una ejecución ordenada por un “sistema de crimen organizado transnacional” con acuerdos operativos entre distintas organizaciones como la nombrada y “El Clan del Golfo” banda que opera en la mítica ciudad de Garcia Marquez.
En Uruguay el gobierno del presidente Lacalle Pou, enfrenta por estos días una profunda crisis política con la inseguridad y la violencia como eje. En el pacifico país, visto como un remanso por los argentinos, se produjeron 14 crímenes en las últimas 10 jornadas con un denominador común de inconfundible sello narco; los cuerpos aparecieron calcinados o desmembrados. Aunque no hay pistas firmes de los autores de estos hechos, investigaciones previas sobre el tráfico de drogas detallan conexiones de poderosos operadores uruguayos de guante blanco con bandas de Paraguay y Brasil.
La realidad demuestra que nos encontramos ante una realidad que aqueja no a una ciudad aislada, Rosario, como intenta mostrarse desde cierta prensa del poder, sino al país y a Sudamérica.
Por ello las palabras del intendente Javkin dan en la tecla y constituyen una herramienta para dar un nuevo enfoque al problema.
Analicemos la legislación argentina al respecto y que son considerados actos terroristas. Desde el año 2007 y con una importante reforma posterior en el 2011, en el país está vigente la Ley 26.734, sancionada bajo una fuerte presión internacional del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) – Argentina no poseía normas en la materia-, con el objeto de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, problemáticas que guardan una relación profunda siempre en estos hechos.
La legislación, modificatoria del Código Penal, entre otras cosas, estableció en el artículo 41 quinquies un agravante que duplica las penas en los delitos cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población”, y penas de hasta 15 años de prisión y multas para las personas que financien las actividades terroristas, tanto particulares como de organizaciones.
Justo es reconocer que al momento de la sanción de esta ley muchos de los que participamos del debate alertamos sobre que podría usarse para disciplinar la protesta social, pero esto no ha sucedido en sus más de 10 años de vigencia.
Pero quizás si ha llegado el tiempo de aplicarla a los carteles criminales y en especial para sus brazos financieros que mediante el lavado de dinero proveniente de la venta de drogas otorgan financiación a las actividades delictivas tal como expresa la norma. El tipo penal también le otorga a la UIF, la facultad mediante resolución fundada comunicada al juez competente, de congelar los activos de aquellos actores que sean parte de la operatoria criminal.
Por allí hay que ir, sobre particulares, financieras y bancos que lavan dinero a sabiendas pero que hasta ahora solo han pagado multas.
Nada de esto fue objeto de debate en el pomposo encuentro de la justicia federal en Rosario.
Solo discursos de ocasión y poses sobreactuadas en el medio de formidables medidas de seguridad inexistentes no solo para los ciudadanos de a pie sino para ningún otro funcionario de los poderes democráticos del país.
Como una casta patricia, y sin correlato alguno con la realidad la “histórica” jornada transcurrió con declaraciones abstractas o insultantes por ignorancia a la prensa local, que pretendía informar sobre lo que se había tratado allí.
Lejos estuvo que se estableciera un plan de acción, ni se armonicen medidas entre los tres poderes, ni mucho menos se explique porque la justicia federal de la ciudad miró para otro lado durante casi 10 años, tal como reflejan las audiencias del juicio al clan Alvarado.
La urgencia de los tiempos impone otra cosa.
Actuar hoy para que las generaciones futuras de argentinos y rosarinos puedan vivir en paz.
Y con decisión. Aplicar la ley antiterrorista a los carteles y sus socios parece ser una de las estaciones del camino.
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