Con la presencia y el testimonio de clientes que le reclaman sus ahorros, el directorio de Guardati y Torti SA enfrentó esta semana una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal, ante el juez Guillermo Llaudet y el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA. Se trata de la financiera que entró en default en febrero de 2020, que tuvo una resolución de primera instancia e imputaciones, que sus abogados rechazaron. “Ellos apelaron y por eso hoy se hizo la audiencia”, le planteó Guillermo Mionnet, uno de los abogados que defiende a los ahorristas. La firma que llegó a ser una de las top de Rosario, está acusada por estafa y falsear balances, además de tener abierto el proceso concursal en la justicia civil.
En primera instancia, el fiscal Narvaja había imputado al directorio de Guardati por 43 hechos, en concurso real y en grado de coautores. Unos meses después, pudo sumar a la causa en el fuero penal a un total de 156 clientes, con un perjuicio millonario en pesos y dólares. La maniobra fraudulenta se originó en los problemas de GyT Plus, corredora de granos del grupo, que entró en crisis cuando cayó Vicentín a fines de 2019. Tres meses después, la hipótesis de Fiscalía es que usaron fondos de la financiera para salvar al acopio. El 6 de febrero de 2020 fue cuando los clientes que tenían depositados sus ahorros en GyT notaron que algo estaba pasando. Dos años después, esperan recuperar su dinero y contaron nuevamente sus penurias en la audiencia ante el juez Llaudet.
La palabra de las víctimas
Matías S., uno de los damnificados que habló en audiencia ante el juez, recordó en diálogo con Red Boing: “Yo operaba con ellos desde 2019. Cuando cobraba el sueldo, yo les daba una parte a ellos para caucionar. Y ese día, el 6 de febrero, recibo un mensaje reenviado después de las cinco de la tarde que había llegado a un grupo de WhatsApp de gente que operaba en bolsa, que era de GyT y decía: ‘Hasta acá llegamos’. Ese mismo día Matba Rofex emite un comunicado hablando de la empresa y un portal web publica una nota diciendo que por ‘el efecto Vicentín caía el broker Guardati’. El sitio web de ellos ya había dejado de operar, el saldo líquido que nos había quedado adentro no podíamos recuperarlo. A los correos, no los respondieron más. Y después cuando dieron la palabra, dijeron que la culpa había sido de esa noticia del portal web. Eso es mentira, porque esa nota salió después de que GyT fue intervenida”.
Otro de los estafados, Rodrigo V. que participó de la audiencia, también contó su experiencia a Red Boing: “Nosotros no somos acreedores, nos llevaron la plata. Nos manejábamos nuestra propia cuenta y éramos comitentes con nuestro mismo nombre. Teníamos un canal de acceso a través de WhatsApp, en el que yo empecé a notar algo raro desde dos o tres días antes. Nunca nos imaginamos que GyT iba a violentar las reglas de la CNV y que iban a usar plata que no era de ellos, la nuestra”.
Los imputados por GyT son Alejandro Damián Giacomino, Laura Marcela Torti, Susana Margarita Alesandrini, Juan Martín Guardati, Noemí Alicia Ponte, Angel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati y Natalia Susana Guardati, más el síndicto: Gustavo Ricardo Rossi.
La causa en el fuero civil por el concurso
Después del default a comienzo de 2020, la firma acordó una propuesta de pago con una pequeña parte de sus acreedores, pero a los ahorristas que estuvieron esta semana en la audiencia sólo les hizo propuestas que las víctimas calificaron de “irrisorias”. El juez civil que tiene el concurso es Ezequiel Zabale. Allí se dieron dos prórrogas, para un período de exclusividad que lleva un año, con propuestas que viene haciendo GyT que no conforman a la mayoría de los estafados. Pasado ese plazo, terceros pueden presentar oferta para quedarse con la empresa o pedir la quiebra definitiva.
“Primero fueron tres meses, después cuatro meses, después otros tres meses y medio más. La Ley de Concursos no prevé dos prórrogas. Por eso la bronca nuestra, porque inclusive ellos están incumpliendo unos requisitos informativos que deberían dar de forma semanal”, señaló Mionnet que representa a los ahorristas junto al doctor Mariano Pujol.
En el escrito presentado a la justicia por este tema, los abogados de las víctimas plantearon: “A más de dos años del escandaloso default, pretenden recuperar su dinero. La empresa concursada es solo una cáscara, con activos suficientes para pagar a todos sus acreedores. Y es una cáscara, pues ya casi no tiene actividad propia, ni empleados, siendo operada hasta el día de hoy por sus socios, que a la vez son sus administradores. No hay fuentes de trabajo que proteger, no hay empleados por fuera las familias que la componen, ni maquinarias, ni nada que sustente el mantenimiento de la situación creada”.
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