Alberto Hilario Bona tenía propiedades en Rosario y Funes, pero no tenía hijos ni herederos. Murió por un ACV en febrero de 2016 con 88 años con demencia senil, atrofia cortical y un importante deterioro físico. Pero un documento que analizó al MPA mostraba que antes de fallecer, había firmado un poder general de administración, disposición y pleitos a favor de Norma Benita, la señora que lo cuidaba. También un testamento a su favor. ¿Gestos de afecto para la mujer que compartía los últimos días de vida? No. Eran los primeros pasos de una gran maniobra de fraude inmobiliario y lavado de activos, con muchos protagonistas de la llamada “megacausa” que estalló en 2016 e involucró a escribanos, empresarios e integrantes de Los Monos. En este nuevo caso hay otro dato llamativo: al profundizar la investigación, los fiscales se encontraron con el nombre de Rosa Capuano, mujer de Esteban Alvarado.
Se trata del denominado “Caso Bona”, que esta semana tuvo acusación de parte de Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja, después de una extensa investigación. En estas horas, el tribunal conformado por los jueces Nuñez Cartelle, Postma y Suárez debe decidir si acepta el pedido de los fiscales de incorporarlo a la mencionada “megacausa”, que llegará a juicio oral en mayo próximo.
La firma falsificada
Las pericias sobre aquel poder y el testamento de Bona hacia la señora que lo cuidaba empezaron por verificar la firma de ambos documentos. Y la investigación de los fiscales Narvaja y Haurigot es contundente: no fue el anciano quien firmó, porque ya no estaba en condiciones de salud para hacerlo. Aunque ese hecho en sí mismo no irá a juicio. “Se lo califica como ‘circunvención de un incapaz y falsedad ideológica de instrumento público’. El delito se encuentra prescripto al día de la fecha, aunque es de vital importancia para comprender los hechos sucesivos”, establecen los funcionarios del MPA en la imputación.
La maniobra continúa un año más tarde de la primera firma fraguada, la del poder a nombre de Norma Benita, que en noviembre de 2015 vende -todavía con Bona vivo- un terreno que tenía el señor tenía en la zona de barrio Echesortu, en San Nicolás y 9 de Julio, a un fideicomiso para hacer el edificio “Galeno Plaza”. El valor de venta fue de 500 mil pesos.
Al mes siguiente la víctima seguía con demencia avanzada, pero “realiza un testamento” en favor de su empleada, con dos testigos que luego los fiscales comprobaron que eran amigos de ella. Y en marzo de 2016, se inicia el juicio para declarar a Norma Benita como única heredera. Doce meses después vende otra propiedad: un terreno en San Luis al 2600, también para levantar un edificio.
En cada paso de lo relatado y los que seguirían, se contaba con profesionales que formaban parte del grupo, que firmaban los boletos y avalaban las maniobras fraudulentas, como muestra en la acusación que hicieron Narvaja y Haurigot. Según la acusación, de las maniobras que siguieron con más propiedades de Bona participaron el escribano Eduardo Martín Torres, Juan Roberto Aymo, Maximiliano Rodrigo Fabián González De Gaetano, Sandra Fabiana Moresco, Juan Bautista Aliau, Nicolás Aymo, y José Luis Gordó, nombres que ya aparecían en la llamada “megacausa” de estafas inmobiliarias. En el “caso Bona”, se suman Nora Itatí Molina, Diana Celina Ragni y la señora que cuidaba al anciano: Norma Benita Giménez.
Lo de Norma Benita es realmente particular. Según la hipótesis de los fiscales, quien “fungió de enfermera y se ganó la confianza de Bona”, era en realidad testaferro de Esteban Alvarado. Es que al confirmar su domicilio, se verificó que en una propiedad a su nombre había vivido Rosa Capuano, la esposa del líder narco que enfrenta en estos días un juicio oral por varios delitos asociados. Por eso la hipótesis de trabajo es que el caso esconde una maniobra de lavado de activos, para meter al mercado legal dinero de orígen ilícito.
En la acusación de casi cien páginas, hay detalle de llamadas entre los integrantes del grupo que “desapoderó” a Alberto Hilario Bona antes de su muerte. También se documenta cómo se dieron las ventas entre ellos con poco tiempo de diferencia -a veces en un mismo día- de los bienes de los que se habían hecho de forma ilegal, para darles apariencia lícita: “Maniobras orientadas a ocultar y disimular la mácula de dichos bienes, con la consecuencia posible de consolidar la disponibilidad de los activos, aumentando la distancia jurídica entre los mismos y la maniobra ilícita originaria, bajo la apariencia de un origen legítimo”, aseguran los fiscales.
En el caso de de dos terrenos en Funes, aparecen vendidos ambos por un único valor de 130 mil pesos “Un precio vil”, señala la acusación, que menciona que los otros integrantes de la banda eran Jonatan Javier Zárate, Marcelo Basilio Jaef, Ramona Isabel Rodríguez, Leandro David Pérez y Vanina Viglione, “con el objeto fundacional, prioritario y aglutinante de apropiarse fraudulentamente y/o violentamente de inmuebles para luego reconducirlos en el tráfico formal con apariencia de legalidad”.
El trabajo de Narvaja y Haurigot explica la participación de cada integrante dentro del grupo. Y allí se señala el caso de Vanina Viglione, cónyuge de Edgardo Andrés “Gitano” Fernández. Este último fue condenado como partícipe primario, junto a “Guille” Cantero, Leandro Alberto Vilches, Jorge Emanuel Chamorro y Bernardo Carlos Domínguez en la causa que tramitó el Juzgado de Sentencia 1ra. de Rosario, por el homicidio de Diego Oscar Ramón Demarre, hecho que se produjo para vengar la muerte del “Pájaro” Cantero. Es decir, una persona vinculada a “Los Monos”. El rol que se le asignaba a Viglione dentro de la “megaestafa” era el de compradora y/o administradora de aquellos inmuebles sobre los cuales se ejecutan maniobras de desapoderamiento”, señalan los fiscales.
En estos días, la ciudad discute si establecerá una nueva política para prevenir el delito de lavado de activos. Y en el Centro de Justicia Penal se va develando el recorrido histórico de la banda liderada por Esteban Alvarado, en el juicio del que participan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En este contexto, es importante lo que pueda determinar el Tribunal sobre el “Caso Bona”, con claras señales de que se está ante una nueva maniobra de lavado. El pedido de Haurigot y Narvaja, como se dijo, es que sea incorporado a la megacausa que irá a juicio oral el mes próximo.
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