Esteban Lindor Alvarado, el narco rosarino preso en la cárcel federal de Ezeiza, sumó una nueva condena judicial: ahora fue el Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario el que publicó su veredicto en una causa por lavado de activos. La acusación fue del fiscal Federico Reynares Solari y Unidad de Información Financiera (UIF) actuó como querellante. Los jueces decidieron por unanimidad condenar a cinco años de prisión y una multa por seis veces el monto de las operaciones, más el decomiso de todos los bienes y acciones de las empresas, en favor del Estado nacional.
El expediente se inició en 2015 con una denuncia de Matías Scilabra y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ante la sospecha de maniobras para lavar dinero proveniente del narcotráfico de parte de Alvarado y su (ahora ex) pareja, Rosa Natalí Capuano. En 2018, se abrió otra causa en la que se investigó la intervención del capo narco como organizador del transporte de media tonelada de marihuana que apareció en un camión en la Patagonia. Así, se acumularon los dos trámites judiciales en uno solo, que tuvo ahora su resolución.
La UIF participó como denunciante y luego como querellante. Cabe recordar que en junio de 2022 el TOF N° 2 ya había condenado a Alvarado como autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el artículo 7º de la ley 23.737, por su calidad de organizador del transporte de cuatrocientos noventa y tres kilogramos con novecientos treinta y siete gramos (493,937 kilogramos) de marihuana en fecha 24/11/2017, a la pena de quince (15) años de prisión; multa de mil (1.000) unidades fijas e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena (art. 12 del C.P.).
En el segundo tramo de la causa, se investigaron separadamente las maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico, así como de otros ilícitos precedentes investigados en otros fueros y jurisdicciones de donde surgen las ganancias ilícitas objeto de las maniobras de lavado juzgadas en este juicio.
Se investigó y juzgó a Alvarado y Capuano – su ex mujer-, por haber puesto en circulación en el mercado de forma habitual y organizada, durante el periodo comprendido entre 2012 a 2019, ganancias ilícitas ocultando su verdadero origen, ello para dificultar el control estatal. El accionar ilícito consistió en la ejecución de operaciones de adquisición, administración y venta de bienes muebles (numerosos vehículos y flota de camiones) e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas, o de sociedades comerciales, valiéndose de un complejo entramado de estructuras societarias, para poner en circulación en el mercado bienes de origen ilícito por valores millonarios al momento de los hechos.
El juicio seguido contra Alvarado y Capuano comenzó en el mes de septiembre de este año, y contó con la participación del director de Litigios Penales de la UIF, Dr. Mariano Ezeyza, con la asistencia del Jefe de la Agencia Regional Central del Organismo. Se trata de una causa de gran relevancia para este organismo ya que se ha logrado obtener la condena del líder de una reconocida banda del crimen organizado que operaba en la región, con gran poderío económico, y autores de numerosos hechos de violencia altamente lesiva, que ponen en jaque a la sociedad.
En el marco del debate, Rosa Natalí Capuano firmó un acuerdo abreviado por el que se la condenó a 3 años de prisión efectiva y multa equivalente a seis veces el monto lavado ($62.000.000) y se dispuso el decomiso de numerosos vehículos. La intervención de la querella de la UIF determinó que tanto el monto de la multa como los bienes decomisados sean destinados al organismo.
Con esta sentencia el Estado ha logrado recuperar sumas millonarias de dinero y numerosos bienes obtenidos con la ganancia ilícita proveniente del crimen organizado, atacando de este modo el financiamiento de las bandas criminales y profundizando la política criminal del Estado a través de la UIF orientada al recupero de los activos ilícitos.
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