Este miércoles en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone presentaron fuerte evidencia para imputar a cuatro hombres por una serie de balaceras de este año en Rosario, contra dos escuelas, dos comisarías y una cárcel. De acuerdo a la acusación de los funcionarios del MPA, el líder del grupo es Francisco Riquelme, detenido actualmente en la prisión federal de Ezeiza. De los otros tres integrantes, uno es Alexis “Paisa” Álvarez, que oficiaba de intermediario con los “tiratiros” Kevin Leandro Sosa y Eric Gabriel Enrique, que fueron los únicos presentes en la sala. Los otros dos, siguieron el debate ante el juez Florentino Malaponte conectados al Zoom desde su lugar de deteción. En la audiencia, que demoró más de una hora en empezar, estuvieron también el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, el director del Servicio Penitenciario y dirigentes de la delegación Rosario de Amsafe, el gremio docente.
El comienzo con retraso se debió a que Riquelme no se hacía presente ante la pantalla en la que debía estar conectado, porque había recibido una visita. Luego, cuando ya había terminado ese turno, intentó no asistir y debió intervenir personal de seguridad de la cárcel de Ezeiza. Una vez que sí había ingresado en forma virtual a la audiencia hizo un planteo solicitando que se suspenda el trámite judicial porque no quería ser representado por un defensor público. Los fiscales y el juez respondieron categóricamente que se habían cumplido todos los requisitos formales para convocar a todas las partes a la acusación que se estaba por hacer. “Sería una falta de respeto a las víctimas de los hechos que vamos a imputar acá, que se acepte el reclamo de Riquelme”, dijo Haurigot.
Las escuelas que fueron baleadas por los sicarios fueron la “José Mármol”, de barrio Ludueña, y la “Rosa Ziperovich”, de Empalme Graneros. El 8 de abril, ambas fueron atacadas con poco tiempo de diferencia. Además, el mismo grupo disparó contra la cárcel ORDER (27 de Febrero al 7800) y dos comisarías: la 16ª y 20ª. Todo pasó entre abril y mayo, en medio de una fuerte conmoción en la ciudad, con repercusiones inclusive a nivel nacional, más la suspensión de clases primero en las instituciones educativas afectadas por la violencia y luego en todas las de Rosario, cuando los hechos se fueron generalizando. Es que en medio del clima provocado por estos ataques mafiosos, aparecieron también otras notas amenazantes en numerosas escuelas.
A la escuela Ziperovich, además, se la baleó por segunda vez el 23 de mayo. El hecho también fue imputado en la audiencia a la banda de Riquelme. ¿La razón? Que pocos días antes el Servicio Penitenciario le había impedido a su novia el ingreso de “un bulto extraño” entre su ropa, cuando lo visitaba en la cárcel.
La violencia en Ludueña y las escuelas como vidriera
Carbone y Haurigot se fueron turnando en la presentación de los casos, detallando cómo funcionaba la banda. Además, explicaron la trama que había detrás de los ataques, con fuerte evidencia. Entre otros materiales que se ventilaron en el CJP, se pudieron ver videos de cómo eran baleadas las escuelas. La mecánica era siempre la misma: uno de los atacantes se quedaba arriba de la moto con el motor en marcha y filmaba la escena, mientras el otro disparaba.
Así, pudo verse cómo el 8 de abril pasado -con diferencia de pocos minutos- se atacó la escuela “José Mármol” y después la Ziperovich. Esta última era además la escuela a la que iba Mauro Gerez, el chico de 11 años asesinado en marzo, por lo que aquel primer ataque generó fuerte impacto mediático y social. Antes de ejecutar sus atentados, esa noche habían dejado una nota, similar en ambas instituciones: eran mensajes destinados por un lado a una disputa de territorio con otra banda, vinculada a Los Monos. Y la otra parte del texto hablaba del funcionamiento interno el Servicio Penitenciario, acusando al grupo rival de pasar información para no ser ubicado en los pabellones de alto perfil.
“A la misma hora que entran llamados al 911 diciendo que se escucharon tiros frente a una escuela, en el teléfono que peritamos aparece como enviado el archivo de video con la balacera recién hecha”, explicó el fiscal Carbone. Era la forma de acreditar el hecho, para poder gestionar el cobro.
Riquelme -que ya estaba preso cuando se cometieron los atentados que se imputaron hoy- al presentarse en la audiencia dijo que no había terminado la escuela primaria y que no sabía leer ni escribir. Estuvo hasta el mes pasado en Piñero y ahora en la cárcel federal de Ezeiza. De la mano de balaceras, extorsiones y puntos de venta de droga, su nombre empezó a sonar hace tiempo en el barrio Ludueña, en la zona oeste de Rosario. La sospecha de los investigadores hace tiempo es que siempre actuó bajo el paraguas del líder narco Esteban Alvarado. Y ahora con el último traslado quedaron alojados en la misma prisión.
Párrafo aparte merece el hecho de que otra vez se esclarezca un delito instigado desde una prisión. Con los líderes de las bandas ahora casi todos ubicados en cárceles federales, la limitación de este fenómeno es responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación, que las administra.
Dentro del extenso documento con evidencias que presentaron los fiscales, se explicó en base también a investigaciones previas, que “por su vinculación con Alvarado”, la banda de Fran Riquelme dominó a su antojo en Ludueña y Empalme Graneros hasta julio de 2021.
Allí entró en acción el grupo de Mauro Gerez, relacionado con Los Monos. Y se desató una guerra de balaceras de un bando y otro en las calles de la zona, que se cobró numerosas vidas y heridos, muchas veces sin relación alguno de los grupos. Puede citarse como ejemplo el caso de Esteban “Chucho” Cuenca, asesinado en agosto de 2022: la víctima jugaba al fútbol en Defensores Unidos, uno de los clubes del barrio. Y fue asesinado cuando preparaba con sus compañeros empanadas en la vereda, a pocos metros de la plaza Pocho Lepratti. Un sicario en moto pasó tirando para pegarle a un joven que vendía droga en la esquina y la ráfaga dio contra Cuenca por error. Como ese, hubo otros. Hace poco, inclusive, se baleó una parroquia.
Intermediario, tiratiros y una revelación increíble
Alexis “Paisa” Álvarez, detenido por la AIC hace pocos días en el marco de esta causa, era el que conseguía la mano de obra para disparar. Según trascendió de fuentes judiciales, tenía un estilo de vida menos marginal que otros que cumplen la misma función. “En su teléfono aparecieron fotos en bares del shopping”, puso como ejemplo una voz que dialogó con RedBoing. Los dos tiratiros que fueron imputados, Kevin Sosa y Eric Enrique. Un dato que llamó la atención de este último es que tenía trabajo en una fábrica de plástico y que según el testimonio de testigos que aportaron a la investigación, “a las balaceras las hacía como changa”.
Entre las pruebas de Fiscalía, hay inclusive diálogos de este joven con su novia en los que ella le pregunta, cuando él vuelve de una balacera, cuándo va a cumplir con lo prometido de dedicarse solamente al trabajo serio. “Es el último”, le responde el novio.
En medio de la audiencia, surgió además una fuerte revelación: los autores de las balaceras contra las escuelas también habrían sido ejecutores del resonante crimen de Juan Cruz Ferrari, un joven que falleció en los primeros días de mayo, diez días después de recibir 18 disparos. La víctima estuvo internada en el HECA, después de sobrevivir a un cruento ataque en la zona noroeste, que quedó filmado.
En el video, que se viralizó, se lo veía llegar a una esquina en una moto y cuando frenaba, era ejecutado. Una vez que caía al piso, el sicario le seguía tirando. La imagen era nítida, aunque se notaba que era de noche. Y se podía entender que quien las había grabado, sabía que el hecho iba a suceder, porque tenía encendida la cámara desde antes de la llegada de Ferrari. Hasta hoy, se desconocían quiénes habían sido los autores.
El fiscal Franco Carbone explicó la trama. Sosa y Enrique habían baleado desde una Chery Tiggo robada una casa en Arévalo al 6000, donde vivía alguien que vendería para Los Monos. Eso pasó el 21 de abril a las cinco y media de la tarde, una tremenda balacera que además fue otro de los hechos imputados este miércoles. Unas horas después, a las nueve de la noche, Sosa usa la misma camioneta para hacer una diligencia personal: sale con su hijo pequeño en el asiento de atrás, presumiblemente a comprar droga. En ese recorrido, choca contra un colectivo de la línea 110, en Venezuela y Schweizer.
Asustado por lo que podía pasarle, estando en una chata robada, deja la escena. De hecho, esa misma noche los pasajeros y el colectivero contaron que quien los había chocado había huido rápidamente, con un chiquito. La AIC encontró en la Chery una bala debajo del asiento de atrás. Cuando el grupo se enteran que Sosa había perdido la camioneta, lo obligan a ejecutar el crimen como parte de pago de la deuda con la banda. Y tenía que ser filmado, para que no queden dudas de su realización. Así, dos noches después, la misma dupla que atacaba escuelas habría acribillado a Ferrari. La resolución de este caso está en manos del fiscal Ademar Bianchini, que tiene la investigación a su cargo.
El segundo ataque contra la Ziperovich fue el 23 de mayo. Pocos días antes de esa balacera, a la novia de Riquelme le habían impedido el ingreso a la cárcel de Piñero a ver su novio, porque el body scanner le detectó “un bulto” escondido en su ropa. Como se le impidió la visita por 60 días y se trasladó a su pareja a Ezeiza, la nota que llegó con las balas a la escuela de zona noroeste tenía nombres de quienes habían firmado esas restricciones en el Servicio Penitenciario.
Este mismo miércoles, pocas horas antes de la audiencia, se produjeron además 12 allanamientos, solicitados por los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta. Fueron en Ludueña y Empalme Graneros, a domicilios vinculados al grupo de Riquelme. Terminaron con cuatro detenidos, más el hallazgo de droga, con actuación de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.
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