Este viernes se retomaron las tareas para derribar el búnker histórico del clan Funes, en la zona sur de Rosario. La propiedad había empezado a ser demolida la semana pasada, por orden judicial. Para sus labores, el personal debió utilizar pasamontañas y se solicitó una fuerte presencia de la policía. Es que en el inicio de las labores, los obreros habían sido víctimas de una amenaza por parte de una joven que es visita del narco Alan Funes en la cárcel.
El lugar que está siendo derribado supo ser históricamente la casa de Jorge “Gordo” Funes, que se inició en el mundo del hampa como “pirata del asfalto” y luego se metió en el negocio narco, potenciado por lo que luego hicieron sus hijos. Algunos de ellos murieron, tras una cruenta guerra entre bandas que se desató después de que en marzo de 2016 fuera asesinada la segunda mujer del dueño de casa, allí mismo en la vereda de Ayacucho al 4300, donde ahora trabajan las retroexcavadoras.
A fines de diciembre Santa Fe adhirió a la Ley de Microtráfico, lo que le permite a la justicia provincial avanzar con causas de narcomenudeo, sin necesidad de esperar las actuaciones de la justicia federal. Para pedir el derribo de una propiedad, una Fiscalía debe demostrar ante un juez que ese domicilio a demoler es referencia violenta en un barrio. A diferencia de lo que pasaba hace una década, cuando las bandas criminales ponían puntos de venta fijos, muchas veces sin puertas y con un menor a cargo durante varias horas, ahora la droga en Rosario se reparte en modo delivery o va rotando de lugar para ser menos visible. Sin embargo, se usan casas -generalmente usurpadas- como referencia para acopiar cocaína, marihuana, armas o vehículos robados.
En esa línea, el fiscal Franco Carbone solicitó en audiencia el 8 de enero ante la jueza Silvia Castelli que sean derribadas cinco propiedades: dos vinculadas a Francisco Riquelme en Empalme Graneros, otras dos de “Chuky Monedita” Nuñez y la mencionada casa de Funes. Cuando se habían iniciado las labores en este último, en Ayacucho y Uriburu, los obreros fueron amenazados por una joven que visita en la cárcel y registrada como pareja a Alan Funes, preso y líder de una banda criminal que se cargó con decenas de muertes en los últimos años. Increíblemente, el fiscal Aníbal Vescovo decidió firmar un acuerdo para la libertada de la acusada, a cambio de una fianza de 400 mil pesos y la prohibición de acercamiento al lugar que están demoliendo. Este viernes, cuando se retomaron las labores, un rumor circuló fuerte por la cuadra: Leila Schimitt habría estado de nuevo cerca de la obra, con su celular.
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