Dos hermanos compraron en Rosario unas setenta pistolas en los últimos cuatro años, casi todas calibre nueve milímetros. Además, se hicieron de miles municiones. Todas las operaciones fueron hechas en el mercado legal, con permiso de ambos para portación emitido por el organismo correspondiente. Sin embargo, cuando el MPA los allanó, no tenían ninguna de las armas que habían adquirido. Los datos forman parte de una causa judicial más amplia, que terminó con 32 allanamientos, varias detenciones, imputaciones y la promesa de que lo visto hasta ahora es sólo “la punta de un iceberg”, tal como lo describió el subsecretario de Seguridad de Nación, Federico Angelini, en diálogo con Río 96.9 este martes.
La audiencia para la acusación del fiscal Gastón Ávila se realizó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario este lunes, ante el juez Hernán Postma. La investigación -según detalló luego el funcionario judicial en conferencia de prensa- pudo llegar hasta acá gracias a un convenio firmado en abril por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, con el Ministerio de Seguridad de la Nación para analizar el funcionamiento del mercado de armas y detectar eventuales irregularidades.
El hilo del cual se empezó a tirar es del denominado “compradores de paja o testaferros”, tal como explicó el fiscal Ávila. La historia contada en el primer párrafo de esta nota, de los hermanos Lucas P. y Flavio P. es paradigmática: habían comprado 67 armas desde 2020, pero cuando fueron allanados no las tenían en su poder. ¿Dónde estaban esas pistolas y las balas que tenían anotadas a su nombre? Se sospecha que en manos de las bandas criminales que llenaron de violencia la ciudad. ¿Por qué la Administración Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR) no informó las irregularidades? Es otro de los interrogantes que deberá indagar la continuidad de la causa.
Otra de las personas nombradas en la causa es la madre de uno de los condenados por el crimen del jefe de la barra de Newell’s, “Pimpi” Caminos: la mujer tenía registradas cuatro armas a su nombre -entre ellas una pistola tipo Kalashnikov- y figuraba como visita de presos de alto perfil en Coronda y en Piñero.
Vale la pena destacar que uno de los 32 lugares allanados fue la armería Bordoni, en la zona sur de Rosario, propiedad de un ex comisario. El comercio, ubicado en Bulevard Segui al 1700, figuraba como responsable de la mayoría de las compras que quedaron bajo la lupa de la justicia. ¿Los vendedores estaban al tanto del destino de las pistolas que compraban casi siempre los mismos usuarios, que además no tenían ingresos demostrables como para realizar las operaciones? De nuevo, es otra consulta que debe evacuar la investigación. Por ahora, el policía retirado no fue imputado por el MPA.
Lo que sí se sabe ahora es que en los últimos años hubo severas fallas en el trabajo que debía hacer en Rosario la ANMAC, el organismo nacional que controla la venta y el uso de armas: el resultado fue el crecimiento de la violencia en las calles, ordenada casi siempre desde cárceles en las que también fallaban los controles.
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