Luego de que el Ejecutivo nacional fracasara en su intento por conseguir la aprobación del Senado para la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara alta comenzó este miércoles a debatir ocho proyectos que proponen aumentar la cantidad de jueces que conforman el Máximo Tribunal de Justicia -actualmente integrado por solo tres de cinco magistrados- entre otras reformas.

En una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, convocada desde las 13 y que terminó pasadas las 15, en el salón Arturo Illia, los senadores empezaron el tratamiento de distintas iniciativas que pretenden elevar el acompañamiento a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, únicos miembros activos de la mayor instancia judicial del país.

Entre los textos -todos opositores, pero con la venia del Gobierno– hay propuestas para llevar a siete o incluso hasta a 15 el número de integrantes de la Corte. Los bloques dialoguistas buscan un acuerdo con el kirchnerismo más duro -que en el encuentro aprovechó para pedir el apartamiento de los jueces actuales al considerar que “no están a la altura de las circunstancias”- mientras que también se dialogó sobre posibles cambios en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Los proyectos presentados respecto del tema judicial corresponden a la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; Alejandra Vigo, de Unidad Federal; Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical (UCR); Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez, de Unión por la Patria; y Juan Carlos Romero, de Cambio Federal.

En el caso de las iniciativas de Crexell y Silva, coinciden en aumentar a nueve los magistrados y establecen, respectivamente, que no podrá haber “menos de un tercio” de jueces femeninas y que “no debe haber más cinco miembros del mismo género”. Asimismo, ambas plantean el respeto a la “representatividad regional del país” y una selección “federal”, en cada caso.

En tanto, Sapag apunta en un texto a que sean 15 los integrantes y que no haya más de ocho del mismo género, a la vez que fija tres personas por región (Patagonia, Centro, Noreste, Noroeste y Cuyo). Además, presentó otro en el que, independientemente de la cantidad, sostiene que la Corte debe “estar integrada por mujeres en una proporción mínima del 40%“.

Por su parte, Romero propone subir a siete miembros (y no más de cinco del mismo género), lo que equivale a dos más que el número actual, que no obstante está incumplido ante las últimas dos salidas que no pudieron ser reemplazadas ante los fallidos procedimientos iniciados por Javier Milei hace un año.

A su turno, Vigo no sugiere modificar la cantidad, pero sí la composición, es decir, que haya representación provincial, y fija “un mínimo de 30% de mujeres”. Una idea similar es la de Del Valle Giménez, que pide “no menos de dos” magistradas. Finalmente, la de Fama declara la paridad de género.

Hasta el momento no hubo expresión puntual por parte del oficialismo sobre cuál sería el número de preferencia del Ejecutivo nacional, aunque en más de una ocasión señalaron que estaban a favor de la ampliación, pese a que no es un tema incluido en su actual agenda legislativa.

Asimismo, la Cámara alta debe avanzar en la elección de los tres nombres que aporta a la AGN, el organismo que se encarga del control de las cuentas del Estado, dado que Diputados tiene que designar a los otros tres componentes. La entidad desde hace dos meses está acéfala por la falta de las designaciones y también hay proyectos para incrementar, mantener o reducir sus integrantes, además de modificar los plazos de mandato, actualmente de ocho años.