Las autoridades chilenas imputaron a la paciente cero de la variante Delta por atentar “contra la seguridad pública”. Según la Justicia, asistió al funeral de su padre sin respetar la cuarentena obligatoria para ingresar al país.
Además de presentar cargos contra la mujer, incluyó en el juicio a su hermana y cuñado por tener contacto en la ceremonia. De acuerdo con el testimonio del fiscal Patricio Caroca, se reunieron más de 20 personas e infringieron el artículo 138 de la Constitución Nacional. El letrado solicitó que se le impida salir del territorio y fijó un plazo de dos meses para la investigación de la causa.
La joven habría entrado a Chile con una prueba negativa y, una vez en la capital, solicitó un permiso especial para trasladarse hasta la localidad de San Javier, donde tendría que someterse a diez días de cuarentena en su residencia. No obstante, de camino paró en una estación de servicio.
“Tal como se les indicó en correos electrónicos, así como también en resoluciones sanitarias que regulan las cuarentenas, estos no debían mantener ningún tipo de contacto que implique terceras personas”, alegó el fiscal.
“Estaban en conocimiento (de las condiciones) y vulneraron de manera intencional y más aún mintieron a la autoridad“, completó en sus considerandos.
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