La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, responsable del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a Argentina que entregue correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de diversas plataformas correspondientes a una decena de funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos se encuentran Luis Caputo y Sergio Massa. El objetivo es intentar demostrar si tuvieron injerencia en la manipulación de los precios de los combustibles.
La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el cual dictó una condena a Argentina donde deberá abonar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos fondos adquirieron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al observar que era improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses acumulados, que ya ascienden a casi 900 millones de dólares, buscan reincorporar a YPF en el proceso judicial —empresa que había sido excluida previamente— y embargar sus bienes.
Burford sostiene que YPF actúa como una extensión del Estado nacional, y que, en lugar de funcionar estrictamente bajo la figura legal de una Sociedad Anónima (SA) privada, opera conforme a los intereses políticos del gobierno en funciones
En consecuencia, la jueza Preska ha solicitado las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su predecesor, quien fue candidato a la presidencia, así como las del asesor presidencial Santiago Caputo; el exviceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; el exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, cercano al tigrense; y el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho sin precedentes.
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