En el marco de la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Corte Suprema solicitó este miércoles al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que opine sobre el pedido de elevación de la pena a 12 años.
Por medio de la secretaría penal, el Máximo Tribunal trasladó al titular interino del Ministerio Público Fiscal, cuya postura no es vinculante, el recurso del fiscal Mario Villar, quien reclamó el agravamiento de la sentencia a la expresidenta, previa imputación por el delito de asociación ilícita.
El órgano más alto del Poder Judicial, que podrá aplicar su propio criterio independientemente de la opinión de Casal, debe analizar los recursos de queja tanto de los condenados como de la fiscalía quienes pidieron, respectivamente, la absolución y el recrudecimiento de las penas.
Sus presentaciones ante la Corte tuvieron lugar después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara sus apelaciones a la decisión de confirmar la sentencia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.
Ahora, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán resolver si abren la queja para comenzar a estudiar los planteos realizados en el marco de la causa que investigó corrupción en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Por un lado, la defensa de Kirchner, a cargo de Carlos Alberto Beraldi, solicitó su absolución al considerar que “se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales” y subrayó “el deber de objetividad” del Ministerio Público Fiscal, entre otros puntos.
En tanto, el fiscal Villar reclamó que la dos veces jefa de Estado sea también condenada por el delito de asociación ilícita y que, en consecuencia, la pena sea elevada a 12 años de prisión. Además, pidió que se revoque la absolución del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro.
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