Jorge Barraguirre, el Procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, se refirió a la situación del Patricio Carey. En este marco, aconsejó “que se disponga de una investigación administrativa a los efectos de dilucidar la posible comisión de irregularidades” del juez de Cámara. Se trata de Guillermo Llaudet, quien dejó en libertad al financista imputado por lavado para un grupo narco.
El acusado, uno de los titulares de la financiera Cofyrco, estaba imputado del delito de lavado de activos.
Una investigación del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó vender 17 mil dólares al narcotraficante asesinado Marcelo “Coto” Medrano a cambio de más de dos millones de pesos de origen ilícito. Carey enfrentaba un pedido de pena de 5 años, solicitados por el fiscal de delitos económicos Sebastián Narvaja.
Así, en diciembre de 2022, la Fiscalía ordenó la detención de Carey, que transitaba el proceso en libertad. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza. El 7 de diciembre, la jueza Melania Carrara dictó una medida cautelar de prisión preventiva de 90 días, a instancias de un pedido fiscal que alegó entorpecimiento probatorio.
Sin embargo, el pasado 6 de enero, al cabo de una audiencia de apelación de prisión preventiva, el camarista Llaudet falló a favor del financista, dictó su libertad y hasta criticó el accionar de la Fiscalía. “Nuestro Código Procesal Penal (CPP) no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da gana”, afirmó.
Inmediatamente, Narvaja y la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren lo denunciaron acusándolo de tomar una decisión forzada y contradictoria. Para los fiscales, el camarista no debería haberse pronunciado sobre la incompetencia en un caso que ya tiene tres ejecutivos de Cofyrco que firmaron procedimientos abreviados.
Así, Barraguirre aconseja investigar lo realizado por Laudet y solicita además que se designe a un instructor. Sin lugar a dudas, una medida que, de mínima, llama la atención.
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