Este viernes confirmó el rechazo al pedido de apartamiento del juez Eduardo Rodríguez Da Cruz que lleva la instrucción del caso en donde se lo acusa al juez federal Marcelo Bailaque de complicidad con narcos y de facilitar negocios a un empresario amigo suyo.
La audiencia imputativa comenzó el día jueves, y el equipo acusador está bajo la coordinación del Fiscal General del Ministerio Público Fiscal (MPF), Fernando Arrigo. A su vez, también forman parte del equipo, los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina.
La jornada del jueves había pasado a un cuarto intermedio, luego de que los abogados defensores solicitaron la recusación del juez debido a que el mismo había participado en un juicio contra el narco Alvarado. El planteo recusatorio articulado por las defensas fundado en que ya se expedio sobre la prueba al condenar en otra causa con esa prueba.
En la audiencia de ayer, el fiscal Matías Scalibra explicó en su acusación que un contador había prestados sus servicios tanto a Alvarado como a Bailaque.
El fiscal Matías Scilabra explicó cuál fue para el MPF el impacto de esa relación en las causas contra el narcotráfico en Rosario: “No vamos a discutir acá, porque ya hubo condenas en este sentido, que la empresa criminal de Alvarado tuvo un entramado de firmas con las cuales la banda pudo lavar activos. Y por esto mismo fue condenado ya un abogado, Leonardo Tavella. Lo que sabemos ahora es que había en ese tiempo un contador que firmaba balances de Alvarado y además era el contador del juez que controlaba el proceso de investigación”.
En febrero de 2015, le llegó a Bailaque un pedido de autorización para intervenir la línea telefónica de Rosa Natalí Capuano, la mujer del narco Alvarado. El juez los denegó. Ese mismo año, su amigo el contador Gabriel Mizzau habló centenares de veces con la mujer: entre 2014 y 2016 hubo 865 llamadas entre ambos.
El fiscal Argibay Molina le dijo a Mizzau, que también fue acusado en la audiencia: “Se le atribuye haber prestado asesoramiento contable a empresas de transporte que integraban una red SRL dirigidas por Alvarado y vinculadas al comercio de estupefacientes y lavado de activos”. Por esto, se pidió como medida para el contador hasta la llegada de un juicio el impedimento para salir del país sin dar antes un preaviso a la justicia.
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