El juez federal Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, dispuso el procesamiento de las cinco personas, dos de ellas con prisión preventiva, que fueron detenidas en la ciudad por la Policía Federal acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal.
La Justicia tiene pruebas que la red delictiva operaba, al menos, desde enero de 2018 hasta mayo de este año, y había montado unas 150 usinas de comprobantes apócrifos, emitiendo aproximadamente 40 mil comprobantes electrónicos y generando una facturación estimada en 10 mil millones de pesos. Junto con otros 2 mil millones de pesos en crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida judicial también incluyó el embargo de bienes de los imputados por un valor de 7 millones de pesos.
La causa fue impulsada por el titular de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, y la fiscal federal coadyuvante, María Virginia Sosa. Ambos fiscales solicitaron el 4 de junio pasado los allanamientos de diez domicilios, con la intervención de la Policía Federal y personal especializado de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Durante los procedimientos, se secuestraron elementos relevantes para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, computadoras, discos externos, pendrives, vehículos y diversa documentación.
Detalles de la investigación
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el director interino de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva de la AFIP ante la Unidad Fiscal de Rosario. Se presentaron ampliaciones de la denuncia que revelaron un aumento en la facturación apócrifa y en el crédito fiscal IVA.
La investigación, delegada a la Unidad Fiscal a cargo de Arzubi Calvo, permitió identificar las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, individualizar a los autores y determinar los roles que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal. Como resultado, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal N.º 4 el allanamiento de los diez domicilios.
El juzgado dictó el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. —uno de ellos contador público— por su participación en una asociación ilícita fiscal que realizaba actividades ilícitas de manera sistemática y reiterada mediante “empresas papel”, es decir, firmas creadas para la maniobra fraudulenta.
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