Casi cuatro mil quinientas personas denunciaron en los últimos cinco meses irregularidades con los planes sociales ante el Ministerio de Desarrollo Social. Según indicaron ante el organismo, fueron obligados a realizar un “aporte” o fueron forzados a ir a las movilizaciones para cobrar sus haberes.
Por otro lado, otras mil setecientas expusieron situaciones de maltrato por parte de los referentes de las organizaciones sociales y unos 900 hablaron de supuestas amenazas. Los datos fueron difundidos por la misma cartera que conduce el ministro Juan Zabaleta, en el marco de un formulario efectuados a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.
Del total de las denuncias, 1510 corresponden a titulares del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 1.200.000 personas. Entre las denuncias que más se repitieron estaba la exigencia de ir a las marchas o pagar un “bono” para las organizaciones sociales.
“Actualmente 818 se encuentran en curso y 18 en seguimiento, es decir, ratificaron la denuncia y solicitaron el cambio de unidad de gestión. Del total de denuncias ingresadas, 501 no ratificaron”, dice el informe expuesto por el medio Infobae.
La mayoría de las denuncias que se inician en el ámbito administrativo nunca llegan a la Justicia. Las mismas se aplican en el fuero federal, porque los planes se pagan con fondos nacionales, pero terminan en la justicia ordinaria por un extraño criterio que considera las exigencias de dinero como una “estafa entre privados”.
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