La candidata a presidente del espacio “Juntos por el Cambio”, Patricia Bullrich, propuso recientemente la idea de “grabar la conversación (de los presos) con su defensa” en casos relacionados con “nuevos delitos” de narcotráfico. Esta propuesta ha generado un debate sobre la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en el sistema legal argentino.
La Constitución Nacional establece claramente la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Además, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada en 2019 (acordada 17/2019) que subraya que “la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de la defensa”. Esta posición protege la confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones entre un acusado y su abogado, un principio fundamental en el sistema legal.
En una entrevista, Bullrich argumentó que un detenido puede tener su defensa legal, pero agregó que dicha defensa puede ser objeto de grabación en casos específicos, como cuando existe la sospecha de que el detenido está enviando mensajes a terceros. Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas y preocupaciones sobre su compatibilidad con las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos judiciales.
La ilegalidad de tal medida ha sido señalada por varios expertos legales y constitucionales. Se argumenta que la grabación de las conversaciones entre un detenido y su abogado defensor podría socavar la confidencialidad necesaria para una defensa efectiva, lo que podría comprometer el debido proceso legal y poner en riesgo las garantías fundamentales de las personas acusadas.
La propuesta de Patricia Bullrich ha generado un debate importante sobre los límites entre la seguridad pública y las garantías individuales en el sistema legal argentino y plantea preguntas sobre cómo se equilibra la lucha contra el narcotráfico con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La posible inclusión de esta medida en el Código Penal será un tema de discusión relevante en los próximos debates políticos y jurídicos en Argentina.
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