El Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió este miércoles enviar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras la victoria de Lula da Silva en 2022, entre otros cargos. En este marco, el líder del Partido Liberal podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
De acuerdo al diario local O Globo, la decisión fue tomada por unanimidad por los cinco jueces que integran la Primera Sala de la Corte, quienes hicieron lugar a la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de Bolsonaro, serán juzgados siete de sus aliados: el teniente coronel Mauro Cid; los exministros Braga Netto (Defensa y Casa Civil), Augusto Heleno (Seguridad Institucional), Anderson Torres (Justicia), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa); el excomandante de la Marina Almir Garnier y el exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia y actual diputado federal Alexandre Ramagem.
El primero en votar a favor de acoger la denuncia fue el ministro Alexandre de Moraes, quien destacó que “la presentación de los hechos fue coherente, con una descripción en gran medida satisfactoria” y, en alusión a un proyecto de decreto que preveía la instalación del estado de excepción en el país vecino, advirtió que “no hay duda de que Bolsonaro discutió un borrador del golpe“.
Su tendencia fue acompañada por sus pares Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, ya que todos consideraron que hay pruebas mínimas para abrir el proceso penal contra los acusados de atentar contra la República.
Además de la tentativa de golpe de Estado, el líder del Partido Liberal y sus aliados fueron denunciados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados con violencia y amenaza grave contra patrimonio federal y deterioro de bienes catalogados.
Las imputaciones surgen de hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, poco después de la victoria presidencial de Da Silva, cuando cientos de militantes bolsonaristas radicalizados ocuparon las sedes de los tres poderes de Brasil y exigieron una intervención militar. De acuerdo a una investigación de la Policía Federal de ese país, el entonces mandatario saliente estuvo implicado en el plan.
En este contexto, en total fueron demandadas una treintena de personas, pero este miércoles sólo se avanzó sobre el caso de ocho de ellos debido a que la PGR dividió las acusaciones en cinco grupos con el objetivo de facilitar su procesamiento.
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