La denuncia presentada por Jorge Boasso en 2017 contra cinco senadores provinciales y un diputado por corrupción en el manejo de subsidios millonarios que los legisladores tienen a su cargo y que había sido “dormida” por el ex fiscal regional Patricio Serjal, será reabierta. Así lo dispuso este jueves la fiscal regional de Rosario, la Dra. María Laura Iribarren, quien además decidió crear un equipo especial de fiscales para avanzar y profundizar con la investigación.
De acuerdo al escrito publicado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la razón principal para retomar la causa que había sido sorpresivamente desestimada se encuentra en el vínculo que existe entre el senador provincial Armando Traferri y Serjal, quien está preso por el cobro de sobornos, el cual fue demostrado en la investigación por juego clandestino.
En este sentido, el Dr. Miguel Moreno, fiscal del Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, apuntó que se han revelado elementos de convicción que “no han sido oportunamente valorados” en la resolución de desestimación y que permiten afirmar “una vecindad con los hechos denunciados por Boasso”.
Es importante remarcar que para la reapertura de la causa se dispuso la creación de un equipo especial de trabajo que llevará adelante una investigación coordinada, con el objeto de recabar información respecto de los hechos denunciados, a fin de avanzar “en su caso hacia una imputación en conjunto de los responsables de los hechos delictivos que puedan resultar identificados”.
Cabe recordar que la investigación se origina a partir de la denuncia que hizo Boasso el 1 de junio de 2017, en la cual anotició a la Justicia provincial de la presunta comisión de delitos de acción pública y de contenido económico de los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola, José Baucedo, Hugo Rasetto y Armando Traferri y el diputado provincial Jorge Henn.
Sin embargo, la misma no prosperó por la incidencia directa del por entonces fiscal regional Serjal. Los fiscales Adrián Mc Comarck y Sebastián Narvaja había comenzado a investigar, pero cuando avanzaron en la pesquisa y el nombre Traferri quedó en el foco, el jefe Serjal pidió el legajo el 2 de noviembre de 2017 y lo tuvo en su despacho cuatro meses. “Tuvo la causa paralizada, pisada, fue obsceno y en el medio empezaron las negociaciones políticas”, explicó Boasso.
Luego, a principios del 2018, se terminó de desestimar dicha causa y nunca se llegó a investigar realmente a los senadores y al diputado, sospechados del manejo turbio con los subsidios. Éstos, de acuerdo a la denuncia realizada por Boasso, en vez de ser repartidos en la comunidad terminaban en fundaciones y ONG relacionadas con los legisladores.
“Traferri otorgó en 28 meses 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario, cuyo domicilio es el mismo que el de la oficina del senador, como así también que el tesorero y la secretaría de la Fundación serán sus asesores desde hace más de 12 años como personal contratado por el Senado”, explicó Boasso en la denuncia del 2017.
A pesar de la desestimación y las diversas maniobras irregulares que se realizaron para impedir el curso de la investigación judicial, Boasso siguió insistiendo y logró la reapertura de la causa. El candidato a senador nacional por la lista Primero Santa Fe la solicitó formalmente el pasado 14 de febrero, fundando su petición en dos ejes claros y concretos: el vínculo acreditado entre Serjal y el senador Traferri y la omisión de investigar el destino real de los subsidios que fueron objeto de la denuncia inicial. Luego de evaluar los hechos y analizar la documentación recabada, se resolvió reabrir el expediente a partir de ese vínculo directo que se observa con el avance de la causa de juego clandestino que sacudió el año pasado a la provincia.
Ahora, el “equipo especial” de fiscales creado para esta investigación reabrirá una causa que se debió haber desarrollado en tiempo y forma. “Lamentablemente en Santa Fe existe, lo que yo llamo, el circuito perfecto de impunidad legal. Por eso esta denuncia fue dormida por aquellos que justamente debían investigar. Sin embargo, a partir de la intervención de nuevos agentes del poder judicial, se presenta una nueva oportunidad para que los políticos corruptos sean investigados y castigados conforme a derecho”, expresó Boasso.
Comentarios