Jorge Baclini, fiscal general de la provincia, hizo un balance de su gestión este martes, ante la Legislatura. En ese marco, señaló que las audiencias que realizó el organismo, en todas sus sedes, crecieron un 230 por ciento desde 2014: en aquel año se habían hecho unas 7.500, mientras que en 2022 fueron más de 25 mil. Sobre el final de su presentación, fue consultado por los diputados presentes -los senadores faltaron todos a la cita- por consideraciones sobre el funcionamiento del MPA. Y en ese marco, planteó que el régimen disciplinario contra los fiscales había sido “casi un golpe de nocaut”.
El fiscal saliente brindó datos sobre la cantidad de juicios orales que se fueron haciendo año a año, desde la puesta en marcha del sistema penal que rige en Santa Fe hace casi una década: de 12 que se hicieron en 2014 se pasó a 303 realizados en 2022. Uno de ellos, como ejemplo, fue el que condenó a Esteban Alvarado en primera instancia a prisión perpetua por liderar una asociación ilícita.
Sobre este último punto, el fiscal general de la provincia explicó que en ocho años hubo 338 causas iniciadas por asociación ilícita, un porcentaje ínfimo de los trámites judiciales iniciados por el organismo a su cargo en este tiempo. “De 2 millones de expedientes iniciados en el MPA desde 2014, solamente 338 se hicieron por asociación ilícita”, indicó el diputado provincial Carlos Del Frade, presente en la Legislatura.
Otro de los temas abordados por Baclini fue el de la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia. Y en línea con lo que minutos antes había dicho allí mismo Jaquelina Balangione -a quien citó- planteó que existe superpoblación carcelaria: “En 2014 había 4.560 presos en la provincia, hoy son más de 10.000 y se suman unos 2 mil más con domiciliaria. Un 11,6 por ciento está en sedes policiales, que es algo que no debería estar pasando”, sumó el fiscal general. Además, reveló que el 56 por ciento de ellos tiene condena y el 44 de las causas están en trámite.
En el tramo final de su alocución, también habló de la necesidad de discutir en la Legislatura una ley de narcomenudeo. “Un bunker genera 2 o 3 millones de pesos mensuales. En una economía empobrecida como la que tenemos, no podemos desconocer que hay un poder económico que se genera ahí que es enorme. Y si uno dice que esto es responsabilidad exclusivamente de la justicia federal, tenemos que pensar que ese ámbito no tiene hoy la estructura ni la política direccionada para enfrentar esta situación”, sostuvo Baclini. Antes, había dicho que la persecución penal de los delitos “no alcanza para pacificar” la provincia en el actual contexto. “Los números están a la vista, tenemos el doble de presos que hace una década y la violencia creció”.
“Nosotros ponemos la cara todos los días, pero en la justicia federal la potestad disciplinaria la tiene en Buenos Aires. Y otra cosa: en las cárceles federales la impunidad es masiva. Como política institucional, diría hoy que a pesar de que no tenemos cárceles preparadas para detenidos de máxima seguridad, casi que sería mejor que estén en nuestra provincia. Creo que el problema de la provincia de Santa Fe es de definiciones políticas. Y la desfederalización de la persecución al microtráfico es una de ellas, la policía es otro de los temas que hay que abordar”, reflexionó Baclini.
Lavado de dinero y homicidios
El fiscal general saliente también dio datos sobre las causas contra el lavado de dinero que se abrieron en el MPA desde 2014. Increíblemente, pese al crecimiento exponencial que tuvo el narcotráfico en todo este tiempo en Rosario, fueron apenas cien los casos que llegaron a la vía judicial por este tema. Y en el último año, fueron 16. Aquí, Baclini defendió para la justicia provincial la competencia a la hora de perseguir al delito económico: “No hay relación con el delito precedente y no hay daño al orden económico financiero nacional”, dijo.
La cantidad de homicidios en Rosario, que mantiene un promedio muy por encima de la media nacional, también fue analizada en el balance de gestión que hizo Baclini. Y en este punto explicó que la tasa de esclarecimiento de este delito bajó del 65,6 % en 2014 al 41,4% en 2022. “Al aumentar la cantidad, bajó lo que se pudo esclarecer”, señaló. Luego, al ser consultado por una opinión personal sobre la cantidad de policías en la calle, sostuvo que si eventualmente subiera la presencia de uniformados y la captura de personas, no habría -con los datos actuales del Sistema Penitenciario- suficientes cárceles para alojarlos.
En el haber, el todavía fiscal general aseguró que hubo una mejora en la persecución de los delitos contra la integridad sexual: en 2014 se habían hecho 1.403 denuncias y el último año ingresaron 4.077. “Se crearon unidades específicas y creció la cantidad de causas. No significa que haya habido tanto más delito de este tipo, sino que había muchos casos no judicializados”, refirió. El 50 por ciento de los casos se dieron en el Departamento Rosario.
Otro de los temas que llamó la atención de los legisladores presentes fue lo dicho sobre la persecución del enriquecimiento ilícito del personal uniformado. “Antes, Control Policial nos remitía las causas, pero ese tema hoy quedó parado. Se lo hemos dicho a la doctora Cosgaya”, reveló.
Finalmente, Baclini habló en términos personales sobre su trabajo: “Me fue muy difícil ser fiscal general en estos seis años. Estuve atravesado por muchas cuestiones políticas, una de ellas fue el régimen disciplinario que fue casi un golpe de nocaut. Hace falta una reforma constitucional, pero si hubiera voluntad de un gobernador se podría crear un Consejo de la Magistratura provincial, plural”. Entre quienes lo escuchaban -aunque habían sido invitados- no había ninguno de los 19 senadores de la provincia. Todos faltaron a la cita.
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