La mañana del lunes 18 de julio de 1994 transcurría con normalidad en la República Argentina, hasta que a las 9:53, en la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) ubicada en Pasteur 653, barrio porteño de Once, estalló una bomba de gran magnitud que provocó la destrucción total del edificio, severos daños contra las propiedades linderas, 85 muertos y 300 heridos.
Inmediatamente, los medios de comunicación comenzaron a reflejar el fatal suceso y se empezó a desarrollar una intensa labor de rescate de las víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros como también del gran patrimonio cultural que tenía la comunidad judía en Argentina.
La Justicia federal designó al fiscal Eamón Mullen y a su adjunto José Barbaccia como los encargados de llevar adelante la investigación junto al juez Juan José Galeano. Por su parte, quienes ocuparon un rol importante en el caso fue el entonces jefe de Operaciones de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso y el jefe de la División Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Jorge “Fino” Palacios.
A los pocos días se ordenó la detención de Carlos Telleldín, un delincuente que se dedicaba a reducir autos robados, acusado de ser el encargado de entregar la Renault Traffic que se utilizó para trasladar los explosivos que provocaron este atentado terrorista. Además, una facción de la organización islámica Hezbolá llamada “Guerrilleros de Dios” se adjudicó el ataque, mientras el gobierno argentino le pidió informes a Irán sobre este hecho.
Por su parte, Telleldín acusó a un grupo de ex policías bonaerenses liderados por el comisario Juan José Ribelli de haberse llevado la Traffic de su casa mediante un apriete. Años después, se comprobó que por presentar ese testimonio, su pareja, Ana Boragni recibió 400.000 dólares por parte de agentes de la SIDE con la anuencia del propio juez Galeano.
En el 2001, comenzó el juicio contra Telleldín, Ribelli y los integrantes de la llamada “conexión local”, quienes proveyeron del vehículo al comando terrorista que llevó adelante el hecho. Finalmente se comprobó que los expolicías bonaerenses habían sido acusados falsamente, se ordenó la liberación de los detenidos y la absolución de quienes habían sido imputados por este caso. Además se ordenó investigar por encubrimiento al expresidente Carlos Menem, al juez Galeano, al exjefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y a los policías Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda.
En ese juicio, se reveló que desde las altas esferas del gobierno argentino, entonces encabezado por Menem, se realizó maniobras para entorpecer la investigación sobre la “pista siria”, que relacionaba el atentado a Alberto Kanoree Edul, allegado a la familia presidencial.
Además se confirmó el pago de un soborno de agentes de la SIDE a Carlos Telleldín para acusar a los miembros de la bonaerense con la participación del juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, Rubén Beraja, expresidente de la DAIA y Víctor Stinfale, abogado del propio Telleldín.
En 2003, La justicia argentina acusó formalmente a la República Islámica de Irán por planificar el atentado junto a la organización Hezbolá y pidió la detención de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés.
Tras el escándalo desatado a partir del encubrimiento realizado por funcionarios para desviar la investigación, en 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió crear una unidad especial que lleve adelante el caso y designó a Alberto Nisman para que esté al frente del mismo, ya que tenía experiencia en la causa debido a que en 1997 Mullen y Barbaccia lo sumaron al grupo de fiscales.
Kirchner invitó a colaborar a “Jaime” Stiuso de la SIDE, quién comenzó a tener un fuerte vínculo con Nisman ya que le proveía la información sobre el atentado obtenida por los servicios de inteligencia.
En 2005, Nisman afirmó que el conductor suicida de la Traffic, se llamaba Ibrahim Hussein Berro, militante de Hezbolá, pese a que sus hermanos afirmaron que en realidad murió en el Líbano combatiendo contra las fuerzas armadas de Israel. El FBI analizó el ADN de un miembro de su familia con restos humanos sin identificar encontrados en la AMIA y afirmó en 2017 que no había relación.
En 2006, la República Argentina acusó formalmente a Irán por el atentado y volvió a pedir la detención de los ocho funcionarios iraníes. La Justicia consideraba que el país persa había planificado el hecho como “venganza” a la decisión del gobierno de Menem de suspender un convenio de transferencia de tecnología nuclear a ese país en 1991 debido a la presión de Estados Unidos.
Luego de muchos años de tensa relación y nula cooperación por parte del gobierno de Irán en permitir la imputación a sus funcionarios, en 2013, Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta de Argentina informó que había instruido a su canciller Héctor Timerman a que firme un acuerdo con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad para crear una “Comisión de la Verdad” entre ambos países que debía ser refrendado por los poderes legislativos.
El kirchnerismo que tenía mayoría en ambas Cámaras consiguió la aprobación pero desde Irán se negaron a ponerlo en práctica ya que nunca tuvo tratamiento parlamentario y el principal motivo fue que Argentina no le pidió a Interpol que quitara los pedidos de captura sobre los funcionarios iraníes. A partir de esta situación, no se avanzó más con esta iniciativa.
En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno por buscar la impunidad de los iraníes imputados mediante ese acuerdo. El objetivo del kirchnerismo según Nisman era superar la crisis energética del país mediante el intercambio de petróleo iraní por cereales argentinos.
El jueves 15 de enero de 2015, Héctor Timerman afirmó que la denuncia de Nisman era ridícula y desde el núcleo duro del kirchnerismo salieron a descalificarlo duramente. Por su parte, las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso lo invitaron al fiscal a que vaya a la Cámara a ratificar su denuncia el lunes 19 de enero.
El 18 de enero, Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un balazo en la cabeza y a partir de ahí se comenzaron a tejer conjeturas sobre si fue asesinado, si lo indujeron a suicidarse o si se suicidó por motus propio. Los días siguientes se produjeron manifestaciones en todo el país donde pedían esclarecer el caso dentro de una causa que lleva más de dos décadas de impunidad.
Finalmente en 2019, los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel condenaron por encubrimiento al exjuez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen, el exjefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Carlos Telleldín mientras que el expresidente Carlos Menem, Rubén Beraja, Jorge “Fino” Palacios y Víctor Stinfale fueron absueltos.
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