Antes de la balacera ya habían amenazado a la fábrica de hielo: el autor está en la cárcel de Coronda

Este lunes se conoció el impactante video de la balacera contra la fábrica de hielo en la zona oeste de Rosario. Fueron 16 disparos, a las ocho de la noche del domingo: y de milagro los atacantes no mataron a un cadete que repartía un pedido a esa hora. Unos segundos después, se iban en un Chevrolet Celta color gris. La imagen quedó registrada en una cámara de seguridad y tuvieron repercusión nacional. La dueña del comercio dijo, desesperada, cuando fue entrevistada por los móviles de las radios: “¿Están esperando que maten a alguien para que vengan a vigilar?”.

A esa hora, pocos sabían que la fábrica de hielos ya había sido amenazada este mismo año, en enero. Sus titulares habían realizado la denuncia y el fiscal Pablo Socca, a cargo de la investigación, había logrado dar con los autores de la extorsión: se trata de Miguel Ángel Roezga, Esteban Emanuel Monzón, Emanuel Patricio Forti y Brian Ezequiel Figueroa, presos en Coronda.

Mediante llamadas telefónicas, la banda exigió a Hielo Rosario 300 mil pesos a cambio de no balear el comercio, ubicado en Viamonte al 3600. Esa llamada y las otras realizadas con el mismo tenor -fueron veinte las que el fiscal pudo encontrar entre diciembre de 2022 y enero de este año-  se hacían supuestamente “en nombre de Alan Funes”.

La acusación del fiscal Socca en el Centro de Justicia Penal terminó con la prisión preventiva de ocho personas -cuatro de ellas ya en la cárcel a la hora de ser imputadas- y se verificó que además de Hielo Rosario, esta banda había realizado otras 19 extorsiones: entre ellas, un complejo de canchas de fútbol, una pizzería, dos peluquerías, una tienda barrial, una casa de materiales de la construcción y la parrilla El Establo, que ya resultó baleada en noviembre de 2021.

Insólitamente, los extorsionadores enviaban a sus amenazados las cuentas de CBU en las cuales debían hacer los depósitos bancarios “para no ser baleados”. En algún caso, las víctimas hicieron un pago por el temor a recibir balazos en la puerta de su comercio o vivienda. La audiencia imputativa se hizo en marzo pasado y las defensas de los acusados, en todos los casos, pidieron que haya arresto domiciliario para las mujeres de la banda “por tener hijos a cargo”. La jueza Chiabrera no aceptó ese pedido.