En el medio de un fuerte protocolo para garantizar que no se filtren imágenes ni audios de la audiencia, varios fiscales federales presentaron este jueves sus acusaciones contra el juez Marcelo Bailaque, sobre quien plantearon que incurrió en los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La audiencia se realizó en los Tribunales Federales de Boulevard Oroño ante el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, comenzó cerca del mediodía y duró varias horas. El equipo acusador, bajo la coordinación del Fiscal General del Ministerio Público Fiscal (MPF), Fernando Arrigo, estuvo integrado por Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina.
A Bailaque, titular del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 desde 2008, se lo acusó por haber omitido su vínculo de amistad con Fernando Whpei, el empresario que se vio beneficiado por el desbloqueo de más de mil millones de pesos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, tras la detención de su titular en 2019, el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez. Como juez a cargo de la causa, permitió mover esos fondos que el par suyo de Zárate (Adrián González Charvay) había bloqueado, ante la sospecha de que pudieran tener conexión con lavado de dinero narco.
El beneficio de la medida judicial de Bailaque fue para la Mutual que pertenece a los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Este último tiene comprobada relación de amistad con el juez: “ambos viajaron juntos en abril de este año a Chile”, dijo el fiscal.
Reynares Solari sostuvo: “A partir de su lugar de poder, Bailaque aprovechó para ocultar los conflictos de intereses que tenía en la causa. En el expediente del contador que ya vimos, había una ristra de firmas de Mizzzau avalando el lavado de activos del narco Alvarado. En este, lo que vemos es que ‘Vino Caliente’ manejaba muchísima plata”.
El juez Da Cruz lo interrumpió: “No sabemos eso”. Y Reynares le respondió enseguida: “Claro, si no lo sabe es porque el ojo de la justicia federal en este caso fue el doctor Bailaque. Así como la justicia federal no estuvo a la altura para perseguir al narcotráfico, tampoco lo estuvo para cuidar ese dinero. Eran tres mil millones de pesos”.
El fiscal continuó su acusación con una metáfora futbolera: “Cuando González Charvay bloqueó las cuentas para cuidar el patrimonio de la cooperativa y pone un interventor, lo que había que hacer era poner dos líneas de cuatro, no ponerse a hacer jueguito en la mitad de cancha. Perdón la expresión, pero es para que se entienda más rápido”. Reynares reveló que antes del desbloqueo del millonario fondo de la Cooperativa de Puerto San Martín que terminó en su Mutual, el empresario se había reunido con los cooperativistas y les había anticipado que la causa iba a quedar en manos de “un amigo suyo”.
El contador compartido
Antes, había sido el turno de explicar la acusación por el contador que habían compartido Alvarado y Bailaque. El fiscal Matías Scilabra explicó cuál fue para el MPF el impacto de esa relación en las causas contra el narcotráfico en Rosario: “No vamos a discutir acá, porque ya hubo condenas en este sentido, que la empresa criminal de Alvarado tuvo un entramado de firmas con las cuales la banda pudo lavar activos. Y por esto mismo fue condenado ya un abogado, Leonardo Tavella. Lo que sabemos ahora es que había en ese tiempo un contador que firmaba balances de Alvarado y además era el contador del juez que controlaba el proceso de investigación”.
En febrero de 2015, le llegó a Bailaque un pedido de autorización para intervenir la línea telefónica de Rosa Natalí Capuano, la mujer del narco Alvarado. El juez los denegó. Ese mismo año, su amigo el contador Gabriel Mizzau habló centenares de veces con la mujer: entre 2014 y 2016 hubo 865 llamadas entre ambos.
El fiscal Argibay Molina le dijo a Mizzau, que también fue acusado en la audiencia: “Se le atribuye haber prestado asesoramiento contable a empresas de transporte que integraban una red SRL dirigidas por Alvarado y vinculadas al comercio de estupefacientes y lavado de activos”. Por esto, se pidió como medida para el contador hasta la llegada de un juicio el impedimento para salir del país sin dar antes un preaviso a la justicia.
Las medidas cautelares
Los fiscales pidieron autorización para solicitar el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono de Bailaque entre 2014 y 2018. Su abogado defensor, Oscar Pucinelli, pidió que sea para “sólo para buscar un listado acotado de números”, para proteger la intimidad del magistrado. El juez González Da Cruz no hizo a lugar a la solicitud y permitirá seguir con la investigación, buscando entre todas las comunicaciones.
Otra de las medidas solicitada por los fiscales fue la de levantar el secreto fiscal para ver si además de ser amigo del juez, Mizzau firmó alguna declaración jurada suya al miso tiempo que trabajaba para Alvarado.
Una de las polémicas que también apareció en la audiencia fue cuando la defensa de Bailaque pretendió impugnar las acusaciones, porque los hechos eran anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Diego Velazco, titular de la PROCELAC que siguió el debate a través del sistema Zoom -al igual que el fiscal Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR- planteó: “Es insostenible que no se pueda juzgar porque los hechos fueron previos. Si fuese así, no se hubiese podido hacer ni el Juicio a las Juntas”.
Sobre este punto, el fiscal Reynares Solari afirmó con agudeza: “Queda claro que los resquicios del sistema inquisitivo sirvieron de escondite para producir estos delitos”.
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