En medio de la transición política en la provincia de Santa Fe, que arrancó en buenos términos, aunque sin foto entre Perotti y Pullaro, la disputa de poder en el MPA y una nueva denuncia contra un fiscal ponen en tensión la calma y la claridad con la que se venía trabajando. Con un ritmo vertiginoso, el radicalismo arma el gabinete con las puertas abiertas y sin grandes incógnitas, al menos en el núcleo duro del futuro gobierno. El socialismo y el PRO, en plena negociación interna.
La Comisión Bicameral de Acuerdos espera el informe del Auditor para investigar y definir el futuro de un nuevo funcionario. Matías Edery fue denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por delitos de la función pública, en un caso que tiene de fondo una disputa histórica por el poder del MPA y el manejo de los recursos. Fue la misma Iribarren, fiscal regional, que les pidió a los fiscales que no divulguen en la audiencia lo que estaban por hacer, ya que había explicaciones para lo sucedido. Sin embargo, fueron a fondo y hasta la acusaron a ella.
Tras la avanzada judicial, Traferri les pidió a los senadores que le quiten la inmunidad de proceso que le dan los fueros para poder ir a declarar en la causa de juego clandestino, a la que no había ido, según él, porque no tenía las garantías para que la causa no esté direccionada en su contra por Edery. De hecho, uno de sus pedidos fue que le cambien el fiscal y que le pongan a Moreno, el ahora denunciante en el caso contra su colega.
Otro tema pendiente es qué hará la Comisión en el caso contra Iribarren, ya que el auditor Mai no puede enviar el pedido de investigación y revisión de su conducta, sino que es la misma política en la Legislatura la que debe avanzar sobre los fiscales regionales. En la causa contra Ortigala que se desprende la acusación al fiscal Edery, la señalan a ella por no haber informado formalmente el uso de la figura del informante ante un juzgado y al propio ministerio de Seguridad. Esta semana que viene va a ser clave para el futuro de este proceso.
En medio de esta disputa cruzada entre la justicia y la política, Pullaro tiene armada la base de su próximo gobierno. No es casualidad que hayan pasado las elecciones del 10 de septiembre para que suceda el 11 el allanamiento a la casa de una informante de la Justicia que ahora es investigada por su vínculo con Los Monos, o que haya salido el Cram Down (salvataje) de Vicentín el viernes siguiente. El Poder Judicial se acomoda a los tiempos políticos, no es novedad, y forma parte del juego de negociaciones en esta etapa nueva que se avecina.
El núcleo duro no tiene sorpresas. Felipe Michlig va a ser el ministro de Gobierno. Fue “el arquitecto” del armado de Pullaro en el interior de la provincia y su relación fluida con la Legislatura lo colocan en un lugar central de la próxima gestión. Pablo Coccocioni va a dirigir una súper cartera de Seguridad y Justicia, con la lógica de que se integren más los trabajos entre ambos poderes a la hora de perseguir a los narcos y que el servicio penitenciario, dirigido por el propio Coccocioni durante la gestión de Maxi de 2015 a 2019, esté bajo la órbita de esta nueva área ampliada. Gustavo Puccini dirigirá Producción e Infraestructura, también unificadas, y Lisandro Enrico Obras Públicas. Por ahora José Goity, ex decano de Humanidades, es el indicado para ponerse al frente de Educación, aunque ahí no hay nada cerrado por las negociaciones abiertas en el frente Unidos. Por su parte, Pablo Olivares será el ministro de Economía.
El socialismo, en principio, tenía destinados los ministerios de Salud y el de Cultura, aunque no dan por cerrada esa negociación. Sienten que no es suficiente para el aporte y las soluciones que pueden brindar al próximo gobierno con sus cuadros técnicos con experiencia en la gestión. Desarrollo Social es un área compleja, a la que el partido de la rosa también mira con cierto cariño para volver a aplicar políticas públicas en el territorio. Al PRO, el pullarismo le ofreció Trabajo, aunque tampoco está cerrada la metodología ni el nombre, y también creen que es poco para distribuir en un espacio que le aportó la estructura nacional al armado en la provincia.
Hay rencillas internas en el macrismo y en el socialismo. Pullaro decidió entablar el diálogo con quienes él reconoce como las jefas de los partidos, y les puso una condición: que sean generosas. Gisela Scaglia, su vice, y Clara García, la próxima presidenta de la Cámara de Diputados, son quienes deben decidir sobre los lugares que les toquen en el próximo gobierno, y distribuir los cargos de manera equitativa. De no ser así, intervendrá el gobernador electo. Pero hasta entonces, las charlas son cotidianas con ellas dos.
Los hechos que ocurran hasta el 10 de diciembre, en el ámbito de la Justicia, en la calle o en la Legislatura, deben ser leídos como parte de una paritaria que le abren al gobernador electo. No son casualidades del destino ni obras maquiavélicas, sino una situación normal del poder real que se reacomoda a los nuevos vientos que corren por la provincia de Santa Fe. La decisión con la que encara este proceso Pullaro, y la velocidad frenética que lleva desde hace más de 1 año y medio, pueden anticipar un gobierno de mucha visibilidad, instalación de agendas y mangas arremangadas para solucionar los conflictos más duros que tienen Rosario y Santa Fe. El que no esté en forma para sostener la intensidad, quedará en el camino. A 220, canta el Dillom.
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