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5 años de la tragedia de Monticas: las heridas siguen abiertas y los responsables en libertad

“Cumplo dos veces los años: el 28 de febrero, que es cuando nací, y el 24, que volví a nacer”, cuenta una pasajera de la tragedia de Monticas. Pasó un lustro desde aquel trágico episodio en la Ruta 33. Dos colectivos colisionaron sobre la calzada y se incrustaron en el zanjón lindero a la traza nacional. Señales previas, negligencia estatal y empresarial, usuarios que avecinaban lo que iba a suceder y el silencio del poder que fue atronador una vez consumado lo inevitable.

Andrea Giovanettone es una sobreviviente. De la vida, y también del siniestro que dejó 13 muertos y más de 30 heridos. Trabajó toda su vida de empleada doméstica, cuidando enfermos y hacía unas changas cosiendo. “Viajaba porque me habían llamado de Rosario. Me compré una máquina de coser, estaba en garantía y la tuve que ir a retirar”, recuerda.

Ella es de Pujato. Allí desarrolló toda su vida como madre soltera junto a su hijo. Ambos pudieron comenzar a reconstruir sus vidas a pesar de las secuelas físicas para ella y psicológicas para ambos. Él consiguió empleo, después de 12 años de trabajo en la Comuna, en el Registro Civil de Casilda. Y ella, lo que puede.

“Antes del accidente trabajaba limpiando casas, tenía muchas para limpiar. Y los fines de semana cuidaba enfermos en los sanatorios. Por el accidente dejé de trabajar mucho tiempo, y cuando volví a trabajar ya había perdido todos los clientes. Y ahora me dedico a la costura, a arreglar ropa, cierres. Con la pandemia creció mucho ese rubro. Me las ingenio para sobrevivir”, cuenta Andrea.

Su hijo es su vida y su motor para seguir adelante. Y él la cuida para que pueda continuar. “Fue a una escuela de pupilos de varones, tiene todos los estudios. Y entró a la facultad de Zavalla, pero no podíamos comprar todo los elementos que se necesitaba. Vio que se me complicaba desde lo económico, y no siguió. Intenté pedir algunas becas pero no se pudo, solo el colectivo gratis. Y ahí empezó a trabajar. Y como estudio en el CCR, esa escuela pupila entre Los Nogales y Arequito, todo eso le sirvió también para tener el trabajo que tiene”, relata con algo de orgullo por él.

A ella le quedó una secuela. En el impacto contra el otro colectivo primero, y después al caer al zanjón, tuvo un corte profundo en la cabeza y otro en una pierna. Dentro de lo que fueron las heridas de los demás que se transportaban en los micros, pueden parecer leves. Pero cambiaron su vida para siempre.

“Me levanto temprano, y estoy con mi hijo. Al rato salgo a hacer una caminata para que no se endurezcan los huesos. La bicicleta me ayuda porque no me produce dolor, así que hago las compras así. Como vivo en Pujato es todo cerca, es un pueblo chico. Tengo el almacén a la vuelta, pero a la carnicería que la tengo a 5 cuadras voy en bici”, sintetiza Andrea sobre su vida cotidiana y parte de su recuperación.

Según cuenta y rememora, ella fue una de las primeras de salir del colectivo: “Salí con un corte en la cabeza, y un corte en la pierna. Llegando al HECA me dijeron que eran 15 puntos en la frente y párpado, y 5 puntos en la pierna derecha que me quedó con secuelas”. “Al principio tuve mucho temor. Después del mes, con tratamiento psicológico, empecé con frío, nerviosa, y en un cerrar de ojos recordé el accidente, todo lo que vi. Tenía la imagen a mi derecha algo blanco, en la ventanilla. Y era el otro colectivo que se había pegado a nuestro colectivo en el zanjón. Y recordé que me tiró para la derecha y ahí me golpeé. Después me acuerdo de una chica golpeada, y que me sacaron los bomberos. Muchos vidrios por todos lados, y me dejaron cicatrices pero por suerte no en la cara”, narró.

“No descubrían en Casilda qué era lo que tenía en la pierna. Me mandaban a caminar, y no me hicieron nunca estudios completos. Un día le dije al doctor que me hagan algo más concreto, porque la tenía hinchada. Hoy por hoy la sigo teniendo hinchada”, explicó.

Ella es sorda de un oído y escucha poco del otro. No tiene que ver con el accidente, era una patología que traía previa. Ahora está intentando conseguir un audífono, a sus 52 años, para mejorar su calidad de vida. Los 19 mil pesos de la pensión que le otorgaron no le alcanza ni para los medicamentos que consume producto del siniestro, ni para nada. Mucho menos para un aparato tan costoso como ese.

La posición en el colectivo también fue determinante para el destino de quienes viajaban en el Monticas: “Me senté tercera. Siempre me siento delante de todo, porque me gusta charlar con el chofer. Mi papá era chofer y se conocían con los compañeros. Me conocían a mí también. Pero justo ese chofer no tenía afinidad conmigo, era una persona muy seria. Y me senté un poco más atrás, del lado del chofer. Y adelante estaban los que murieron: las 3 chicas de Casilda y el de Pujato. Murieron 5 en total, y una chica en coma vigil, sólo le conectan el alimento”.

Andrea es una historia más, dentro de todas las historias de dolor que dejó la tragedia de Monticas un 24 de febrero de 2017. Además de las muertes, y los heridos graves, a todos los que estuvieron ahí arriba se les detuvo la vida para siempre. “Trato de hacer cosas para no terminar caminando con un bastón. No sé qué va a pasar el día de mañana”, insiste Andrea, con algo de resignación.

Las causas

La causa tiene dos aristas. La parte penal, que viene retrasada, y la parte civil. Los abogados de las víctimas buscan avanzar con las dos a la vez, aunque con poca suerte en ambos fueros. Desde lo penal sólo hay imputaciones a los directivos de la empresa, no a los responsables políticos ni a los dueños reales, y en lo civil ni la empresa ni la aseguradora dieron respuestas a las demandas de los afectados.

En lo penal, los imputados por “homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas graves y gravísimas agravadas por la multiplicidad de víctimas” son: Pablo César Dominguez, gerente de Monticas; Carlos Enrique Lelli, directivo y jefe del taller, Raúl José Rodríguez, directivo; Alejandro David Luppi, directivo, Cristofer Bermudez, Juan José del Re, José Luis Marchese, Gabriel Andrés Verdera, encargados de turno en el taller, y Diego Javier Pérez, encargado de la oficina técnica.

Para los directivos los pedidos de penas que elevó el fiscal Walter Jurado son de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos de administración en otras empresas. Para el jefe y los engargados del taller, y el encargado de la oficina técnica, la solicitud es de 5 años de prisión efectiva. Un solo directivo, Raúl Rodríguez, afronta un proceso por 3 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación.

El fiscal de la causa, Walter Jurado.

El juicio se debería haber concretado el año pasado, aunque se fue dilatando y ahora la fiscalía está a la espera de la audiencia preliminar, con la esperanza de que se desarrolle este año.

En el fuero civil, Monticas está en quiebra y no es solvente para afrontar las reparaciones correspondientes con víctimas y familiares. Hay una denuncia de vaciamiento previa al concurso, y la compañía de seguros, que se llama El Escudo, tampoco pudo dar respuestas a los acuerdos, tras rumores de insolvencia en los últimos meses y en proceso de liquidación.

Ignacio Arrondo, abogado de la familia de María Belén Genga, una joven que quedó en estado vegetativo tras el siniestro, explicó que tras la falta de respuesta de las empresas, las ART y las aseguradoras, fue el Estado provincial el que aportó los costos, y el Estado nacional también deberá dar respuestas.

Por su parte, en cuanto a la causa penal, explicó: “Pienso que lo que pidió el fiscal es correcto. Pero creemos que debería haber sido extensivo a otros responsables. Sólo se procesó a 8 directivos o empleados de monticas, pero no hay ningún funcionario público responsable. Ni los que tenían que controlar a los colectivos, ni los que tenían que hacer las inspecciones”.

Además, dice que los que figuran como titulares no son los dueños reales: “Son perejiles, porque los dueños son dos hermanos que están en Entre Ríos, y que tienen casi todos los coches a nombre de ellos. Administran otras empresas de transporte, tienen entre un 70 y un 80 por ciento del transporte del país”.

Desde lo técnico del impacto, detalló: “El siniestro tuvo dos momentos: el primero fue el choque, dos colectivos de frente por la explosión de la goma, pero posterior a eso fueron arrastrados a una banquina de la ruta 33 que tiene una profundidad de 5 o 6 metros, y eso hizo que toda la estructura del colectivo se moviesen adentro, y produjeron todo tipo de lesiones a quienes estaban arriba. No había guardarail ni protección, y debería haber estado. Y vialidad debería hacerse cargo”.

“Pedimos que el Secretario de Transporte de ese momento, el que estaba a cargo de la CNRT, al Ministerio de Transporte a nivel nacional, Vialidad, en respuestas. Pero lamentablemente el fiscal y el juez no los incluyeron. Tiene cierta similitud con la causa de Once, en donde cayeron funcionarios políticos, pero acá no pasó nada”, agregó el letrado.

María Belén era bailarina de danza, y a su vez era artesana. Iba a viajar a medio oriente a recorrer y a trabajar con la artesanía y el baile. Se estaba trasladando de San José de la Esquina a Rosario para gestionar el viaje. Lleva hoy 5 años en estado vigil, a la espera de un milagro, alimentada mecánicamente.

“Para mí no fue una tragedia, fue una sumatoria de negligencia, impericias y omisiones que terminaron en esto. Hay responsabilidades compartidas. Y también deberían responsabilizarse intendentes y jefes comunales porque ellos tienen poder de policía sobre el transporte que pasa por sus localidades”, opinó.

Las heridas no cierran, el tiempo pasa y la sensación de impunidad está más presente que nunca: “La familia está destruida. Las hermanas y la mamá se ocupan de María Belén piden justicia por ella, y por todas las víctimas”.

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